6 millones de independientes serían obligados a aportar para su vejez

Con 11 votos a favor y 9 en contra, la Comisión de Economía del Congreso, presidida por Rosangella Barbarán, aprobó ayer su dictamen para reformar el sistema de pensiones.

El texto —que gozó del respaldo mayoritario de legisladores de Fuerza Popular y Acción Popular—, tal como adelantó La República, acaba con la ONP y estandariza el modelo de las cuentas individuales de capitalización acumulada (CICA) de las AFP.

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"Todo se convierte ahora a una AFP. La ONP es una especie de AFP pública donde cada uno bailará con su pañuelo. Es grave que no haya más un sistema de reparto", sostuvo el economista Javier Olivera.

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No todos pueden ahorrar

El dictamen establece que los trabajadores independientes aporten obligatoriamente hasta un 10% cuando sus ingresos mensuales declarados superen 1 UIT. La tasa comenzaría en 2% el año entrante y en 2029, sería de 10%. Aquellos que declaren hasta 1 UIT darán de 1% a 6% en el mismo lapso.

Considerando datos oficiales, hay más de 6,5 millones independientes a nivel nacional, y apenas el 11,3% aporta a una AFP. Incluso, el texto sustentado por Barbarán advierte que el 96% de los independientes corre el riesgo de no recibir una pensión, ya que ocho de cada 10 son informales.

Olivera recuerda que hace una década se quiso obligar a que este grupo aporte, pero —como en ese entonces— se ignora que los más pobres no están en capacidad de ahorrar para su vejez pese a que todos tienen que hacerlo en algún momento.

A su criterio, la mejor forma de incluir a los independientes vulnerables es garantizar una pensión mínima universal y, conforme se incrementen su capacidad de ingresos, se construye una pensión más eficiente. Ello se daría con la ampliación de programas como Pensión 65, por ejemplo.

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Debilita el gasto social

La reforma de la Comisión de Economía fija que se destine el 3% del IGV de cada compra para la vejez de los afiliados, quienes podrán elegir entre las empresas del sistema financiero: la ONP o las AFP para sus aportes.

No obstante, Olivera señala que hay una "lógica perversa" —coincidiendo con lo advertido previamente por la economista Noelia Bernal—, ya que solo apunta a los que más ingresos tienen, y también le quita parte de los ingresos tributarios al Gobierno para financiar servicios públicos, como salud, educación y seguridad.

"Se crea una deuda al Estado y le quita la posibilidad de gasto social. En ningún lado de la propuesta indican cómo financiarán las pensiones actuales o los que están por venir. Se genera un gran forado al sector público", concluye.

El empleador seguirá sin aportar

Desde la Comisión de Economía informaron a La República que la reforma —próxima a debatirse en el Pleno— no contempla un aporte obligatorio para los empleadores, a diferencia de la planteada en la Comisión de Trabajo, que fija una tasa del 4% (y reducirle la carga al trabajador a 9%).

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"No, los empleadores no aportarán. En contraste, el dictamen de Sigrid propone que los empleadores aporten; sin embargo, eso fomentaría la informalidad", indicó la fuente parlamentaria.

Finalmente, reiteraron que la rentabilidad de los aportantes se respetará, y ya no se penalizará ante un eventual retiro de fondos.