Qué lleva a los peruanos protestar y bloquear la inversión

La fotografía es clásica. Un ministro firma un acta. Dirigentes y representantes de la compañía en conflicto social se dan la mano. Todos felices y contentos, pero meses después, nuevamente recrudecen las protestas con violencia.

El Adjunto (e) para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque Mogrovejo, durante su exposición en Perumin, manifestó que la mitad de los acuerdos arribados en una mesa de diálogo no se cumplen, según la data de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Dentro del Ejecutivo no hay un organismo que haga seguimiento. La Defensoría planteó incorporar un ente que cumpla esa misión, empero el Ministerio de Economía y Finanzas no aprueba el requerimiento presupuestario.

¿Qué gatilla los conflictos sociales en el Perú?

Se identificó 202 conflictos. Según el reporte de la Defensoría, más del 63% tiene un carácter socioambiental, vinculado a la actividad extractiva. Luque reconoció un agravamiento de las demandas sociales justamente por el incumplimiento de los acuerdos. No hay confianza.

A eso se suma, la volatilidad de los funcionarios. El Estado hizo el esfuerzo de implementar un viceministerio de la gobernanza territorial, sin embargo, en los últimos cinco años hubo 10 viceministros, 14 secretarios de gobernanza. “Eso para las comunidades resulta desconcertante”, señaló.

La intervención del gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, le puso sal y pimienta al debate. El funcionario culpó al Ejecutivo no solo de impericia en la solución de estas demandas sociales sino de estimularlas. Mandan funcionarios sin experiencia, se quejó.

En Apurímac, opera MMG Las Bambas que perdió $ 530 millones por los bloqueos en el corredor minero. Esas pérdidas afectan directamente a su gestión. Sin salida de mineral no recibe impuestos. Se paralizan las obras.

Lantarón citó el comportamiento del expremier Guido Bellido como un ejemplo de exacerbar un conflicto. Bellido le prometió a la provincia de Chumbilvicas convertirla en área de directa de influencia de Las Bambas, ubicada a 200 kilómetros de distancia de la operación minera (lejos), una propuesta ilegal. Esa promesa exacerbó provocó el rechazode las comunidades que sufren el impacto director de Las Bambas.

El consultor Pablo O’ Brien sostiene que la aspiración de muchas comunidades es formar parte de “la zona de influencia”. Sus pobladores acceden a beneficios. Se convierten en proveedores de la compañía minera, tienen cuotas de empleo, desarrollo productivo y planes de responsabilidad social.

No hay ola antiminera

En ese sentido, el Adjunto en Prevención de Conflictos no considera que el país sea recorrido por una ola antiminera agitada por las ONGs internacionales. Hay grupos pequeños ideologizados que rechazan la industria extractiva per se, pero no es la mayoría.

Del 100% de controversias, solo 10% plantea un rechazo innegociable a la instalación de una mina. El otro 90% está relacionado a circunstancias problemáticas que surgen en el camino. “La actividad minera no está en riesgo en el Perú, solo algunas operaciones”, dijo.

La Defensoría descarta una acción concertada de los actores para convertir el país en una anarquía.

Luque admite que la postpandemia dejó un terreno fértil para la ira social: dos millones de peruanos en la pobreza. La mayoría se encuentra en zonas de influencia, por eso urge hacer un pacto entre minería y Estado para atender esta crisis.

Además las expectativas sociales crecieron con la asunción del nuevo gobierno y las demandas son muy concretas. Están relacionadas a mejorar las condiciones de vida de su comunidad u obtención de derechos. En ese sentido, hubo otro jalón de orejas para los gobiernos regionales y municipales que reciben el canon minero y lo administran mal. Luque mencionó que tres de los cinco gobiernos regionales con operaciones mineras ejecutan menos del 58% de sus presupuestos. A eso se suma la corrupción.

Baltazar Lantarón no compartió el argumento. Sostuvo que el canon se entrega en junio, muy tarde, además la ley de contrataciones del Estado resulta muy buroacrática. “Para una firma se demoran tres meses”, afirmó.

Los conflictos-dijo Luque- son una crítica al funcionamiento del Estado y mercado. Estallan a falta de canales institucionales. Aumentan el descrédito de la democracia y alimentan los discursos radicales. Esa sensación ya es visible en el último ranking del Barómetro de las Américas. El grado de satisfacción de los peruanos con el sistema democrático alcanza el 20% . Luque fue crítico con los actores políticos causantes de la inestabilidad no solo atribuible a este gobierno. Hay una suerte de privatización de la política en donde prima de manera desvergonzada el interés privado, familiar o empresarial y no el público.

El Estado es muy lento

El viceministro de Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Pedro Palomino, presente en el debate, reconoció que el Estado es muy lento en atender los conflictos sociales. Admitió que el cambio permanente de funcionarios les pasó factura.

“No podemos seguir en la dinámica de los cambios permanentes y abruptos (en los equipos de conflictividad).

Por otro lado, dijo que la clave también es cerrar las brechas de pobreza. El lunes pasado se instaló una comisión multisectorial, para revisar cómo mejorar el uso del canon y regalías mineras.

Admitió que las empresas y comunidades no tienen confianza en el papel del Estado. El reto es recuperar la confianza y la legitimidad, dijo el funcionario.

Actividades

9:00-9:45

• Entrega del premio- Concurso nacional minería escolar- Tómas Gonzáles. Director, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

09:45 - 10:15

• Clausura de cumbre minera y Perumin 35. Luis Rivera “Conclusiones/ Reflexiones de la Cumbre Minera”, Presidente, Comité Organizador de la Cumbre Minera. Claudia Cooper “Conclusiones y Recomendaciones PERUMIN 35″, Presidente, PERUMIN 35 Convención Minera

10:15 a 10:45

• Conferencia magistral - VIDEO “Construyendo Juntos un Perú mejor” - Debate y Planteamientos. Firma del Pronunciamiento de los representantes de las empresas del sector minero, en el estrado,

10:45 - 11:15

• Clausura oficial: Alessandra Herrera, Ministra de Estado, Ministerio de Energía y Minas - Perú. Abraham Chahuan “Anuncio PERUMIN 36″, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Aníbal Torres, Ministro de Estado, Primer Ministro