A casi un mes de la inauguración del único megaproyecto energético de los últimos años: la nueva refinería de Talara, su operador Petroperú se encuentra encaminado a caer en default, y sin atisbos de corrección desde sus directivos y tampoco de sus dueños, es decir, el propio Estado.
En la víspera, Standard & Poor’s (S&P) redujo la calificación de la primera empresa del Perú, del grado BBB- al grado BB+, un escalón donde se ubica a los ‘bonos basura’. Esta revisión es debido a la falta de transparencia financiera y el debilitamiento de la gobernanza de Petroperú.
Enrique Díaz, socio fundador de MC&F Consultores, explica que esta revisión de la calificación indica que la empresa estatal está perdiendo credibilidad y advierte que habría una posibilidad de que no honre sus obligaciones financieras.
No obstante, de no transparentar su información financiera ni mejorar en su gestión, la calificación financiera podría seguir reduciéndose.
“Hoy en día es un bono de alto riesgo, pero todavía puede pagar. El extremo es default, cuando ya te dicen que no puedes pagar, pero no es el caso todavía, de lejos no estamos ahí”, agregó el experto.
En palabras del gerente corporativo de Finanzas de Petroperú, Jesús Fernando de la Torre, se espera tener listo el informe financiero auditado de la estatal para agosto de este año, dijo a Bloomberg. El auditor anterior, PwC, ofreció tener los estados financieros en junio próximo. Ante la negativa de Petroperú, la Contraloría anunció un nuevo concurso público para elegir a un auditor.
De acuerdo con el estatuto de Petroperú en su artículo quincuagésimo primero, es facultad del directorio de la empresa controlar el funcionamiento de Petroperú, directamente o por intermedio de la gerencia general. Así los directores: Mario Contreras, Rafael Zoeger, Carlos Palacios y Juan Pari, además de Hugo Chávez, director y gerente general a la vez, serían los responsables en la reducción del grado de inversión de la empresa.
Pero no solo ellos. En opinión de diversos especialistas del sector energético, también existe responsabilidad de la Junta General de Accionistas –conformada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas– cuyo accionar habría sido cuando menos laxo.
En diálogo con La República, el director de Petroperú Juan Pari cuestionó a la calificadora, pues indica que no está tomando en cuenta ningún indicador económico y solo suponen que no se podrá auditar los resultados financieros en el plazo establecido.
“Nuestro punto de vista es que los estados financieros han salido, más bien, positivos, y el comparativo con el año anterior está sumamente interesante y ha salido positivo, esos resultados tienen que auditarse”, expresó Pari, quien evitó opinar sobre si el gerente general debe mantenerse en el cargo.
S&P rebaja la calificación de Petroperú a “basura” y recorta perspectiva a negativa
En carta dirigida al presidente Pedro Castillo, así como al premier Aníbal Torres y a los titulares del MEF y el Minem, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) denunció el irregular ingreso de personal a la empresa, en reemplazo de trabajadores de carrera.
“Ha colocado (Hugo Chávez) en reemplazo de quienes ha maltratado con estas abusivas acciones de personal impuestas, con personal de fuera de la empresa sin experiencia y carente de conocimientos de la industria petrolera y procedentes de instituciones que no reflejan ninguna garantía de probidad por los procesos de investigación de los que vienen siendo objeto y, coincidentemente, provenientes del Gobierno Regional de Áncash, Gobierno Regional harto conocido en las dependencias del Poder Judicial”, denunció el sindicato.
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Al cierre de edición, este diario tomó conocimiento de que ante la crisis institucional que atraviesa Petroperú se convocó a Junta General de Accionistas en las oficinas de centrales ubicadas en San Isidro. Asistieron los ministros Carlos Palacios, del Minem, y Oscar Graham, del MEF. Los temas en agenda fueron dos: la situación financiera de Petroperú y la contratación de la empresa auditora.
De acuerdo a fuentes bien informadas, en el Ministerio de Economía y Finanzas existe preocupación sobre lo que ocurre en Petroperú, incluso desde la anterior gestión del exministro Pedro Francke, tanto es así que se propuso cambiar al actual gerente general Hugo Chávez; sin embargo, no se concretó debido a que este último cuenta con todo el respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo, tal como lo ha expresado en diversas apariciones en medios de comunicación.
Pese a los rumores que corrieron ayer sobre la reestructuración del directorio y la salida de Chávez, este medio pudo confirmar que no habrá cambios en la estatal a pesar de la complicada situación de la empresa.
Desde el Congreso también se han pronunciado sobre la situación de la empresa estatal. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Enrique Alva, ha pedido la inmediata destitución de Hugo Chávez del cargo de gerente general.
Además, ha solicitado información financiera sobre Petroperú; así como el estado situacional de los contratos de explotación de hidrocarburos, de los lotes 64, 192 y I (Talara).
En tanto, el contralor Nelson Shack ha convocado a los ministros de Economía y Energía y Minas para conocer lo que viene sucediendo en Petroperú.
“Estamos muy preocupados por las cosas que están pasando en Petroperú a propósito de la auditoría financiera y que las calificadoras de riesgo han bajado la calificación de los bonos que han sido emitidos. Eso puede, potencialmente, costarle muchos millones de dólares al país y es por eso que he citado a los dos ministros que son los dueños de Petroperú, que están presentes en la Junta General de Accionistas”, dijo.
Deuda. Actualmente, Petroperú tiene por el PMRT una deuda de bonos por US$ 3.000 millones y de US$ 1.300 millones del crédito sindicado con Cesce de España.
Bonistas. De ejercerse un llamado de deuda, son US$ 4.300 millones que Petroperú deberá honrar a sus bonistas. Al término del 2021, Petroperú reportó utilidades por US$ 106 millones.