Tía María estaría operando en 2029, según previsiones de Southern Copper
La empresa minera reportó una caída de 4,3% en la producción de cobre el año pasado y estima que la disminución continúe este año.
El proyecto cuprífero Tía María, en Arequipa, estaría operando en 2029 junto a Los Chancas y Michiquillay, según estimaciones de Raul Jacob, vicepresidente de Finanzas, Tesorero y director financiero de Southern Copper Corporation.
“En Perú, tenemos los tres proyectos que asumimos que estarán en funcionamiento para fines de esta década, o digamos, para 2029, asumimos que tendremos a Tía María entregando 123.000 toneladas para la empresa, Los Chancas 120.000 toneladas y Michiquillay 234.00 toneladas”, señaló el ejecutivo en respuesta a un cuestionario difundido por Marcelo Rochabrún, periodista de Reuters, en la red social Twitter.
En tanto, un artículo publicado por Bloomberg, este último 2 de febrero, dio cuenta que la compañía reportó una caída de 4,3% en la producción de cobre el año pasado y espera que la disminución continúe este año, lo que genera 922.000 toneladas métricas del metal rojo en 2022.
Según el portal, esas son malas noticias para un mercado mundial del cobre ajustado en el que los productores afectados por el covid y sus cadenas de suministro han tenido problemas para satisfacer la demanda. Pero Southern Copper espera volver a vetas más ricas a partir del próximo año antes de alcanzar niveles similares a la producción actual del proveedor número uno del mundo, Codelco.
“Después de este año, creemos que nuestra producción de 2023 se recuperará a un millón de toneladas de cobre”, escribió la compañía en un informe de ganancias el martes por la noche.
“Para fines de esta década, a medida que maduren nuestros proyectos de crecimiento orgánico, esperamos alcanzar la marca de producción de cobre de 1,8 millones de toneladas”, acotó la firma.
Como se sabe, Southern Copper aún busca de obtener la aprobación del gobierno peruano para dar inicio a la construcción de Tía María, proyecto valorizado en US$ 1.400 millones, que no ha tenido luz verde por parte de las autoridades debido a la resistencia social y el impacto ambiental que podría tener.