La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) informó que un total de S/ 11.848 millones del presupuesto nacional dejaron de invertirse en el 2021.
Según su Reporte de Eficacia del Gasto Público - Resultados 2021, los gobiernos regionales que registraron menor ejecución presupuestal fueron los de Cajamarca, Puno, Tumbes y Callao, que ejecutaron 45%; 45,1%; 47,8% y 55,6%, respectivamente.
En contraste, los gobiernos regionales de San Martín, Lambayeque, Amazonas y Moquegua son los que presentaron el mayor avance con 94,1%; 93,3%; 93% y 90,8%, respectivamente.
Por su parte, los gobiernos locales con la menor ejecución presupuestal son los de Ancash (50,1%), Ica (51,9%), Arequipa (53,2%) y Tumbes (55,9%), según la presentación de ComexPerú.
Mientras, los gobiernos locales con los porcentajes más altos son Puno, Cusco y Tacna, con el 75,4%; 71,5% y 71,1%, respectivamente.
“Cae la ejecución de la inversión pública (con el cambio de gobernadores) y luego toma tres o cuatro años recuperarse. Tenemos que entender, como peruanos, que esta situación es inaceptable. No estamos eligiendo a nuestras autoridades en función a su capacidad de mejorar la vida de las personas. Esa diferencia entre 50% y 70% de ejecución puede salvarle la vida a los ciudadanos”, sostuvo Juan Fernando Correa, presidente de ComexPerú, en conferencia de prensa.
En el segundo año de la pandemia, y considerando los tres niveles de gobierno (nacional, regionales y locales), el sector registró una ejecución presupuestal de 88%, lo que deja un monto de S/ 3.730 millones sin ejecutar. Este monto equivale a la construcción de 18 hospitales.
El sector salud fue el que registró el peor desempeño entre los gobiernos regionales, con solo 56,5% del total del presupuesto asignado en promedio.
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“La inversión pública en el sector es uno de los actores que evidencian un mayor rezago en su ejecución, y esto se explica por el incremento de presupuesto que se destinó para atender a los pacientes, remodelar hospitales, etc.”, sostuvo Jessica Luna, gerenta general de ComexPerú.
En el desagregado, los casos más críticos en gobiernos regionales en ejecución de presupuesto en salud se presentaron en Tacna, Puno y Tumbes, con niveles del 17,5%; 18,8% y 31,8%, respectivamente, frente a la buena campaña de San Martín (97,7%), seguido por Lambayeque (96,4%), Amazonas (95%) y Madre de Dios (95%).
En el caso de los gobiernos locales, solo se registró el 53,6% del presupuesto total aterrizado, en promedio, para atender la emergencia sanitaria.
Los sectores donde se registró menor ejecución presupuestal considerando los tres niveles de gobierno (nacional, regionales y locales) fueron saneamiento, agropecuario y transporte. En el primero, se llegó al 60,6% del monto que se tenía destinado para proyectos de ese tipo. Esta tasa significó un saldo no ejecutado de S/ 2.292 millones.
En tanto, en transporte, se obtuvo el 77,4% del presupuesto destinado para los proyectos del sector, con un saldo no ejecutado de S/ 5.770 millones. Dicho monto equivale a 2.989 kilómetros de carretera asfaltada.
En el caso del sector educación, el monto presupuestal no ejecutado es de S/ 3.570 millones y equivale a más de 161.000 niños escolarizados, según Comex.
“Es algo que se repite todos los años. Por más que tengamos avances presupuestales por encima del 70%, casi bordeando el 80%, al analizar los resultados a nivel departamental, existe mucha diferencia de algunos gores frente a otros. Si el costo político no fuera muy alto, podríamos pensar en replantear este modelo de descentralización. Quizá, por qué no, asentar lo de las macrorregiones”, dijo Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú.
En el desagregado, los gobiernos regionales ejecutaron en promedio 69,3% en transporte, 71% en saneamiento, 75,9% en orden público y seguridad, mientras que en educación y agropecuario hicieron lo propio al 80,3% y 81,3%, respectivamente.
Finalmente, en los sectores de saneamiento, agropecuario y transporte, los gobiernos locales tan solo aterrizaron el 60,8%; 64,1% y 63,4%, respectivamente. Mientras que en los sectores de orden público y seguridad y educación se ejecutó, en promedio, 64,3% y 66,7%.