El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), en cooperación con el Proyecto USAID Pro-Bosques, propuso mejorar la norma forestal y su reglamentación para empoderar a las comunidades en la negociación con terceros y revertir el escenario de informalidad y desconocimiento que las perjudica.
La propuesta también incluye procedimientos para la aprobación de los permisos forestales y la verificación de la participación de terceros. Además, plantea un registro público de las personas o empresas que participan en el aprovechamiento de los bosques comunales.
Esto se da luego de que un estudio, realizado en conjunto por ambos organismos, revelara que tan solo el 50% de los permisos forestales otorgados a las comunidades nativas (CCNN) en las regiones amazónicas visibiliza que hay un tercero participando de manera formal en el negocio vinculado al aprovechamiento de la madera del respectivo bosque comunal.
La investigación sugiere que en el resto de los casos existe un tercero, como empresa o regente, que financia y desarrolla los planes de manejo del bosque comunal sin dejar evidencia formal de su participación. Ello, amparado en la figura de responsabilidad solidaria determinada en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
El estudio denominado “Análisis sobre la participación de los terceros en actividades forestales de las CCNN supervisadas por el Osinfor y su relación con la efectiva responsabilidad solidaria”, se realizó con la información obtenida en reportes de supervisión de Osinfor a 623 títulos habilitantes de permisos forestales de comunidades nativas en toda la Amazonía. Las supervisiones se realizaron entre los años 2015 y 2019 y se obtuvieron a través del Sistema de Información Gerencial de la entidad.
El permiso forestal es una autorización que otorga el Estado a las comunidades nativas para que puedan aprovechar con fines comerciales de los recursos forestales (como madera, productos no maderables y/o servicios ecosistémicos) de los bosques naturales dentro de su territorio.
Sin embargo, las comunidades, debido a la falta de financiamiento y al desconocimiento de los procedimientos requeridos por la legislación forestal para la obtención de los permisos, suelen trasladar la responsabilidad a un tercero que en la práctica se aprovecha de los recursos del bosque.