El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por el banco Scotiabank contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por intereses moratorios generados como consecuencia de la demora en dar cumplimiento a la RTF emitida por el Tribunal Fiscal de 8 años y que hizo que la deuda se incremente en un 890%.
Los votos a favor de declarar improcedente la demanda vinieron de parte de los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda. En tanto, Ernesto Blume, en minoría, votó por declarar fundada la parte de Scotiabank, enfatizó el TC a través de un comunicado.
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Al respecto, el abogado tributarista Miguel Ángel Carrillo explica que este fallo se apartaría de los últimos criterios emitidos por el TC respecto a Telefónica e Icatom, en donde se falló a favor de dichas empresas por demoras en resolver por parte del Estado, lo cual afectaba el derecho al plazo razonable.
El letrado reconoce en primera instancia –dado que la sentencia tardará unos días en publicarse– que el reciente fallo del TC ante la petición de Scotiabank marcaría un precedente para el bien del fisco.
Vale enfatizar que desde el inicio de su gestión, el ministro de Economía, Pedro Francke, recalcó que a los empresarios que le deban al Estado “que este es el momento de apoyar al Perú” tras sufrir los embates de la pandemia del coronavirus.
Tribunal Constitucional
¿Cómo así la deuda llegó a incrementarse en 890%?
En 1999, el fenecido Banco Wiese Sudameris fue acusado por Sunat de incumplir sus obligaciones tributarias respecto al Impuesto General a las Ventas (IGV), entre los años 1997 y 1998, luego de que incurriera en la compra ficticia de oro para aumentar su crédito fiscal. La multa fue de S/ 48 millones.
La intermediación del exasesor fujimorista Vladimiro Montesinos y el del entonces gerente general del banco, Eugenio Bertini Vici, permitió que la deuda fuera bloqueada, como quedó registrado en un vladivideo fechado en noviembre de ese mismo año. Solo con la caída del régimen, se pudo retomar en 2003 el caso por pedido del Tribunal Fiscal. Finalmente, la justicia le dio la razón a Sunat en el año 2013, catorce años después del fraguado áureo. Para entonces, Scotiabank ya había concluido la compra de Wiese Sudameris y del Banco Sudamericano, en 2006, con una inversión de US$ 330 millones.
Debido a la demora en la emisión del fallo, la deuda creció 890% y se ubicó en S/ 482 millones, los cuales fueron pagados por Scotiabank en los años 2013 y 2014. Desde entonces, el banco de capitales canadienses intentó recuperar el dinero. En 2017, impulsó un recurso de casación ante la Corte Suprema con un pool de abogados entre los que figuraban Lourdes Flores Nano. Los magistrados le dieron la razón a la Sunat. Por ello, llevaron el caso al TC.
En la práctica, esa diferencia entre 48 y 482 millones que el Estado peruano, a través de la Sunat, hubiera tenido que devolver, habría salido del bolsillo de todos los peruanos.
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Entre las empresas con millonarios litigios tributarios están Telefónica (S/ 4.912 millones); Minera Las Bambas (S/ 2.091 millones); Backus (S/ 1.684 millones); Minera Antapaccay (S/ 1.382 millones); Agropucala (S/ 1.106 millones) y Latam (S/ 1.075 millones); de acuerdo a data recopilada por el portal Ojo Público.
Otras empresas mineras que también adeudan al Estado son Nexa Resources (S/476 millones) y Minera Chinalco Perú SA (S/ 342 millones), así como Minera Yanacocha (S/ 314 millones), Sociedad Minera Cerro Verde (S/ 184 millones), Volcan Compania Minera (S/ 205 millones) y Buenaventura (S/ 93 millones pendientes).
S/ 1.466 millones es la deuda que mantiene Scotiabank con el Estado peruano.
S/ 4.912 millones, hasta agosto, adeuda Telefónica.