Fiorella Montaño
Arequipa
El pasado 7 de mayo se presentó una iniciativa legislativa para modificar las leyes orgánicas que rigen a los gobiernos regionales y municipios. Se plantea incorporar una nueva causal de suspensión para los titulares de pliego si estos no gastan bien los dineros asignados durante un estado de emergencia.
La propuesta presentada por el congresista del Callao, Paul García, se encuentra en evaluación de las comisiones de Descentralización y Constitución.
Lo que plantea es que los consejos regionales y concejos municipales suspendan a un gobernador o alcalde por incapacidad de gestión durante el estado de emergencia. Para demostrarla, se medirá la ejecución de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para combatir el nuevo coronavirus.
Si al cumplir un tercio del plazo que dura la emergencia se ejecutó menos del 30% de lo transferido, se podrá presentar una causal de suspensión.
Los consejeros aprobarán una suspensión no mayor de 120 días, por mayoría.
Si la norma se llegara a aprobar, se tendrá carta abierta para solicitar la suspensión de todos los gobernadores del sur y varios alcaldes. En Arequipa, unos 73 ediles podrían ser suspendidos.
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Teniendo como fecha de fin del estado de emergencia el 24 de mayo, el plazo para que las autoridades ejecuten el 30% de su presupuesto fue el 8 de abril.
De acuerdo al portal de consulta amigable del Ministerio de Economía, a esa fecha, ningún gobierno regional del sur había ejecutado el mínimo requerido.
Arequipa apenas gastó 1.6% de la ejecución del presupuesto. Es el gobierno regional más retrasado.
Le sigue Tacna con el 3.5%, Moquegua con 7%, Apurímac con 8.9%, Puno con 14.2 y Cusco con 25.1%.
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El MEF realizó varias transferencias al Gobierno Regional de Arequipa. Hasta el 8 de abril, contaban con un presupuesto de S/ 6 millones 900 mil, destinado para implementar hospitales, comprar equipos de bioseguridad y contratar personal de salud. Solo se gastó S/ 110 811 en la compra de algunos suministros médicos, útiles de limpieza y cocina.
La ejecución también fue deficiente en los hospitales de la región. El Honorio Delgado, designado hospital COVID-19, no había gastado ni un sol de su presupuesto.
En esas fechas, el gerente de Planificación y Presupuesto, Javier Rospigliosi, justificó la baja ejecución por el poco tiempo que había transcurrido desde que recibieron el dinero. Señaló que en 15 días solo habían podido ejecutar esas partidas. Además señaló una carencia de insumos y profesionales médicos.
En cuanto a municipalidades, a la fecha del corte del 8 de abril, 73 instituciones habían ejecutado menos del 30% del presupuesto. Se podría pedir la suspensión de Omar Candia, alcalde provincial de Arequipa; Samuel Tarqui de Alto Selva Alegre; Walter Aguilar de Hunter; Percy Cornejo de Mariano Melgar; José Supo de Paucarpata; entre otros.
Al día 60 de la declaratoria de emergencia, muchos gobiernos locales muestran una baja ejecución del presupuesto asignado.
Es el caso de Moquegua, de los S/11 millones 44 mil transferidos, solo gastó el 7.3%. Apurímac ejecutó el 12.9% de S/12 millones 587 mil. Puno el 17.8% de S/ 11 millones 726 mil. Cusco el 26.1% de S/ 19 millones 718 mil. Tacna el 26.9% de S/ 4 millones 13 mil y Arequipa el 32.6% de S/ 11 millones 190 mil.
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Durante el estado de emergencia, se siguió transfiriendo dinero a los gobiernos subnacionales.
Infografía
De acuerdo a la Ley Orgánica de gobiernos regionales, los gobernadores y vicegobernadores pueden ser suspendidos por incapacidad física o mental temporal, acreditada por el organismo competente y tener un mandato firme de detención derivado de un proceso penal.
Este proyecto de ley añadiría una tercera causal. Además, la norma establece la posible suspensión conjunta de gobernador y vicegobernador. En este supuesto, el cargo vacante sería asumido por un consejero regional designado.