Juez de EEUU bloquea intento del Gobierno de Trump de deportar a niños inmigrantes guatemaltecos bajo custodia
El intento de deportar a 76 menores fue parte de una acción de Estados Unidos, ante la preocupación por posibles detenciones de jóvenes migrantes.
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Un juez federal en Washington emitió una orden para frenar temporalmente la deportación de niñas y niños inmigrantes originarios de Guatemala que se encuentran bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos. La medida judicial, vigente hasta el 16 de septiembre, protege a menores no acompañados que permanecen en refugios del gobierno y hogares de acogida.
El magistrado Timothy J. Kelly indicó que necesita más tiempo para analizar los hechos del caso, ya que estos seguían evolucionando incluso hasta la audiencia del 10 de septiembre.
Juez impide deportación de niños guatemaltecos desde Estados Unidos
La decisión fue adoptada tras un intento de la administración de Trump por deportar a decenas de menores guatemaltecos durante el fin de semana del Día del Trabajo. Según AP, las niñas y los niños estaban alojados en centros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Durante la noche del 30 de agosto, el gobierno notificó a estos refugios que los menores debían prepararse para ser enviados a Guatemala en cuestión de horas. La lista inicial incluía a 457 niñas y niños, aunque luego se redujo a 327. Finalmente, 76 menores abordaron aviones en El Paso y Harlingen, Texas, en la madrugada del 31 de agosto, listos para regresar a su país como parte de una primera fase.
Estados Unidos buscaba deportar a niños inmigrantes indocumentados
El intento de deportación masiva fue impulsado por el Gobierno de Estados Unidos, que argumentó estar actuando en coordinación con las autoridades de Guatemala. Estas expresaron preocupación por los menores que estaban por cumplir 18 años. Según el gobierno guatemalteco, esos jóvenes podrían ser trasladados a centros de detención para adultos si permanecían en territorio estadounidense.
Los activistas que presentaron la demanda advirtieron que el procedimiento vulneraba derechos fundamentales y que se trataba de una acción sin precedentes.
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