EEUU impone detención obligatoria sin fianza a millones de inmigrantes en proceso de deportación
La nueva resolución establece detención obligatoria para quienes los inmigrantes ingresaron sin autorización a Estados Unidos.
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La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo que modifica la interpretación vigente desde hace décadas sobre los derechos de las personas inmigrantes en proceso de deportación, lo que podría culminar en la expulsión rápida de las y los afectados.
Según Politico, el tribunal de esta entidad federal dictaminó que cualquier persona que haya ingresado sin autorización legal no podrá solicitar libertad bajo fianza para regularizar su estatus migratorio, sin importar el tiempo que haya residido en el país.
Detención obligatoria para personas en proceso de deportación
La resolución de la BIA, de acuerdo con el citado medio, establece que la detención será obligatoria para toda persona en proceso de deportación que haya ingresado sin autorización previa por parte de las agencias migratorias correspondientes.
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Esta decisión revierte la práctica anterior, que permitía a inmigrantes con al menos dos años de residencia solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.
El nuevo criterio contradice múltiples fallos recientes emitidos por tribunales federales, los cuales determinaron que las políticas de detención impulsadas por la administración violaban tanto la ley federal como el debido proceso.
Consecuencias del fallo
El caso que motivó esta nueva interpretación es el de Jonathan Javier Yajure Hurtado, un ciudadano venezolano que cruzó la frontera desde México en noviembre de 2022 sin haber sido inspeccionado, relata Politico.
Aunque posteriormente obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), este venció en abril de 2025. Pocos días después, las autoridades migratorias lo detuvieron y solicitaron su deportación, negándole la posibilidad de una audiencia de fianza conforme a la nueva directriz.
De acuerdo con fallos recientes de jueces federales, el Congreso no contempló que las personas con años de residencia en Estados Unidos recibieran el mismo trato que quienes eran detenidas inmediatamente después de cruzar la frontera.
