Condenan hasta a 35 años de prisión a cabecilla y miembros de Los Gallegos del Tren de Aragua: homicidio, trata y más delitos
José Ortega, cabecilla del grupo, recibió la máxima condena de 35 años y deberá pagar 1 millón de soles al Estado. Otros sentenciados enfrentan penas de hasta 28 años por delitos graves.
La República en GoogleEl Poder Judicial condenó a entre 8 y 35 años de pena privativa de la libertad efectiva al cabecilla e integrantes de la organización criminal Los Gallegos del Tren de Aragua. La justicia les imputa los delitos de homicidio agravado, trata de personas y tenencia ilegal de armas, entre otros.
La máxima pena fue impuesta contra José Ortega, alias 'Armando José', como cabecilla de la red por homicidio calificado en agravio de múltiples víctimas. El sujeto tendrá que pagar una reparación civil de S/1 millón a favor del Estado y sumas específicas de S/100.000 y S/80.000 a favor de los deudos de cada agraviado.
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Sentencias contra procesados de Los Gallegos del Tren de Aragua
El órgano jurisdiccional también impuso 35 años de pena privativa de la libertad para Anyerbe Torrealba, alias 'Chino' o 'Fresa', como autor de organización criminal y homicidio calificado. En tanto, Ramses Rivas, alias 'Abraham' o 'Gringo', recibió 28 años de cárcel por organización criminal y coautoría de homicidio agravado.
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Yohamali Aponte, alias 'Yoba', deberá cumplir 28 años y 4 meses de prisión por trata de personas agravada, mientras que Johnny Cárdenas, Jonathan Bonillo, Rosmary del Valle y Julio Rojas fueron sentenciados con penas que fluctúan entre los 13 y 20 años de cárcel por explotación sexual agravada y facilitación de la misma.
Finalmente, a Cristian Zabala y Gustavo Serrano se les impuso 14 años de pena privativa de la libertad por organización criminal y tenencia ilegal de armas y municiones; y a Winifer Prince y Luismar Barrera, 8 años de cárcel como autoras del delito de organización criminal.
Expulsión y reparación civil
El colegiado también dispuso la pena restrictiva de libertad de expulsión del territorio nacional para los once ciudadanos venezolanos sentenciados, la cual se ejecutará una vez que cumplan su condena, quedando prohibido su reingreso al país.
Del mismo modo, se fijaron pagos por reparación civil a favor del Estado peruano —representado por la Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado—, y de los deudos y agraviados.
