Lote 192: obras de salud para comunidades indígenas continúan inconclusas cinco años después
Proyectos en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón fueron comprometidos en la consulta previa. Algunos tienen menos de 30% de avance, mientras otros esperan recursos para continuar o entrar en funcionamiento. La población es atendida en espacios provisionales.
La República en GoogleCinco años después de que se suscribieran los acuerdos de Consulta Previa del Lote 192, varias de las obras de infraestructura sanitaria comprometidas para comunidades indígenas de Loreto permanecen inconclusas, paralizadas o sin presupuesto para continuar.
La situación fue expuesta durante una reciente sesión de seguimiento convocada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en la que participaron representantes del Ministerio de Salud (Minsa), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), gobiernos locales y federaciones indígenas.
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Los proyectos están vinculados con el Acuerdo 36 del Acta de Consulta Previa del Lote 192. Este estableció un espacio de trabajo entre las entidades del Estado y las organizaciones indígenas para gestionar el financiamiento de infraestructura sanitaria, implementar el Decreto de Urgencia n.° 040-2021-PCM y atender las demandas de salud de las comunidades comprendidas en el ámbito del lote.
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La falta de establecimientos adecuados tiene un impacto mayor en estas localidades debido a las distancias y dificultades de transporte. Para muchas comunidades, llegar hasta centros de mayor capacidad en Iquitos implica largos desplazamientos fluviales y elevados costos.
Obras paralizadas y contratos resueltos
En la cuenca del Tigre, la situación de la comunidad 12 de Octubre es una de las más críticas. El contrato para ejecutar su establecimiento de salud fue resuelto por la Municipalidad Distrital de Tigre. La obra, cuyo presupuesto asciende a S/38,8 millones, presenta apenas 30% de ejecución.
Mientras el proyecto permanece paralizado, la atención sanitaria se brinda actualmente en el centro comunal. Antes funcionaba en un contenedor donado por Pluspetrol, que, según las organizaciones indígenas, se encontraba en condiciones precarias.
En Nuevo Andoas, cuenca del Pastaza, el módulo de salud temporal que debía ejecutarse en 90 días lleva más de dos años en construcción y registra alrededor de 80% de avance. El proyecto acumula 13 ampliaciones de plazo otorgadas a la empresa contratista.
En una última reunión con el Pronis, la empresa se comprometió a culminar los trabajos el 15 de octubre y señaló que los materiales pendientes llegarían el 20 de septiembre. Sin embargo, las federaciones indígenas sostienen que hasta el momento no han recibido información sobre la llegada de dichos materiales. Mientras tanto, continúa pendiente el proyecto del Hospital de Andoas.
También en el Pastaza, el proyecto de Alianza Cristiana quedó con el contrato resuelto en diciembre de 2025. La obra registra solo 8,78% de avance físico. Existe un expediente para continuar con el saldo de obra, pero actualmente no cuenta con el financiamiento necesario para garantizar su ejecución.
En la cuenca del Corrientes, la situación se repite. En Pampa Hermosa, la obra registra 24,6% de ejecución financiera y se encuentra paralizada. La Municipalidad Distrital de Trompeteros mantiene, según lo reportado por las federaciones, deudas por valorizaciones de hasta S/900.000. Algunas áreas de la obra paralizada se han convertido además en espacios donde se acumula agua y proliferan zancudos.
En Nueva Jerusalén, el proyecto permanece suspendido y registra 18,2% de avance financiero. La continuidad de los trabajos también está condicionada por la falta de recursos.
Mientras tanto, en Antioquía, la obra continúa en ejecución, pero las organizaciones indígenas han advertido observaciones relacionadas con las instalaciones eléctricas, rampas, veredas y el sistema fotovoltaico. También está pendiente garantizar las condiciones y el personal necesarios para la puesta en funcionamiento del establecimiento.
Infraestructura terminada, pero sin funcionar
En Nueva Alianza, en la cuenca del Marañón, la infraestructura ya fue culminada. Sin embargo, el establecimiento todavía requiere equipamiento y trabajos de acondicionamiento, limpieza y mantenimiento antes de iniciar operaciones.
Para completar estas labores y permitir su implementación se ha identificado una necesidad presupuestal superior a S/3 millones.
La preocupación de las federaciones indígenas se extiende también a los proyectos cuyos contratos fueron resueltos. Advierten que los procesos de arbitraje pueden prolongarse durante años y retrasar todavía más la culminación de las obras.
Estos establecimientos fueron planteados para atender no solo a la comunidad donde se ubican, sino también a localidades cercanas. De acuerdo con las organizaciones, cada infraestructura puede beneficiar a más de una decena de comunidades de las cuencas involucradas.
Cinco años después de la consulta
La situación ocurre mientras el Estado avanza en el proceso de reactivación del Lote 192, uno de los principales activos petroleros de la Amazonía peruana. Las organizaciones indígenas recuerdan que las comunidades de esta zona conviven desde hace décadas con la actividad petrolera y sus impactos ambientales.
La plataforma PUINAMUDT, que agrupa a más de 100 comunidades y a organizaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, reclama que las entidades responsables informen sobre el estado de cada proyecto, las razones de los contratos resueltos, las fuentes de financiamiento pendientes y los cronogramas para culminar las obras y ponerlas en funcionamiento.
El proceso de implementación de los proyectos comenzó en 2021, cuando el Pronis inició la elaboración de los expedientes técnicos. Sin embargo, en 2023 las municipalidades solicitaron la transferencia de los recursos en el marco del proceso de descentralización. Las federaciones cuestionaron que los gobiernos locales asumieran la gestión de estos fondos y señalan que, desde entonces, perdieron capacidad para hacer seguimiento directo al uso de los recursos.
La deuda pendiente, cinco años después de los acuerdos de consulta previa, no se limita a construir establecimientos. También implica garantizar que la infraestructura pueda ser equipada, contar con personal y funcionar efectivamente para las comunidades que esperan estos servicios.
