248 homicidios en 46 días de Gobierno de Keiko Fujimori: Lima lidera asesinatos a casi un año de estados de emergencia
El incremento de la criminalidad ocurre mientras persisten brechas en la distribución territorial de efectivos policiales, con la capital teniendo solo 92 policías por 100.000 ciudadanos. La cifra de violencia podría aumentar por el desfase en la actualización de los registros, advierte Juan Carbajal.
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Un total de 248 homicidios se han registrado a nivel nacional entre el 28 de julio y el 11 de septiembre, durante las primeras semanas del Gobierno de Keiko Fujimori, según los últimos datos disponibles del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).
La cifra corresponde a un periodo de apenas 46 días y todavía es preliminar. El sistema continúa actualizando defunciones y puede incorporar en los próximos días muertes violentas correspondientes a fechas anteriores.
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Del total contabilizado, 181 homicidios fueron causados por proyectiles de arma de fuego (PAF). Esto representa el 73% de los asesinatos registrados durante el periodo y confirma el peso que tienen las armas de fuego en la violencia letal que atraviesa el país.
El registro podría ser incluso mayor, según advirtió el analista de datos Juan Carbajal. Dentro del mismo periodo aparecen 28 muertes violentas cuyo agente causal figura todavía como "ignorado". Una parte importante se concentra en Lima y Callao, por lo que la clasificación de estos casos podría modificar posteriormente la distribución de los homicidios según mecanismo.
La violencia crece y la distribución policial sigue siendo desigual
El escenario ocurre mientras persisten diferencias importantes en la cantidad de policías disponibles según el territorio. De acuerdo con información de la Dirección de Recursos Humanos (DIRREHUM) de la Policía Nacional, con corte al 1 de septiembre de 2026, la tasa nacional alcanza los 399 policías por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, varias regiones se encuentran considerablemente por debajo de ese promedio.
Piura registra 257 policías por cada 100.000 habitantes y La Libertad, 263, las tasas más bajas del país. Ambas regiones ya ocupaban los últimos lugares en 2025, cuando registraban 247 y 238 efectivos, respectivamente.
La brecha adquiere mayor relevancia en regiones que enfrentan una fuerte presión criminal y que han sido incluidas en declaratorias de emergencia. El problema, por tanto, no se limita a la existencia de medidas extraordinarias, sino a la capacidad policial permanente disponible en cada territorio.
En Lima Metropolitana, además, la situación de las comisarías muestra un retroceso. La capital pasó de 95 policías por cada 100.000 habitantes en 2025 a 92 en 2026, según los registros de DIRREHUM.
Así, mientras el país acumula cientos de homicidios en las primeras semanas del nuevo Gobierno, la distribución de efectivos continúa mostrando diferencias que no necesariamente responden a la magnitud de la violencia registrada en cada zona.
Barranca ya supera su récord de homicidios
Uno de los casos que permite observar esta situación a escala provincial es Barranca, en la región Lima.
Los últimos datos de SINADEF registran 36 homicidios en Barranca durante 2026, cifra que ya supera cualquier año completo desde 2017 y también los 32 asesinatos registrados durante todo 2025.
Además, el 100% de los homicidios registrados en Barranca tanto en 2025 como en lo que va de 2026 figura como causado por proyectiles de arma de fuego.
Como ocurre con el registro nacional, estos datos son susceptibles de actualización debido al desfase de SINADEF.
El caso de Barranca evidencia cómo la violencia letal no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Mientras determinadas provincias alcanzan máximos históricos de homicidios, la asignación de recursos policiales continúa presentando diferencias importantes entre regiones.
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Estados de emergencia y una respuesta que sigue bajo presión
Las cifras se conocen en un contexto en el que el Gobierno ha recurrido a los estados de emergencia como una de sus principales herramientas para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, expertos han alertado que estas medidas tienen un alcance temporal y extraordinario.
Una de las principales críticas es que no corrigen por sí mismas las brechas estructurales de personal ni garantizan una mayor presencia policial permanente en las zonas con mayor incidencia delictiva.
Lima Metropolitana y el Callao acumulan ocho prórrogas del estado de emergencia desde su declaración inicial, el 21 de octubre de 2025. La medida, establecida originalmente por el Decreto Supremo N.° 124-2025-PCM, ha sido extendida de manera sucesiva y la última prórroga rige del 28 de agosto al 26 de octubre de 2026. En total, la declaratoria se mantiene por casi un año, mientras los homicidios continúan registrándose en la capital.
Los datos disponibles plantean así una doble presión para la estrategia de seguridad: contener el aumento de los homicidios y, al mismo tiempo, revisar si los recursos policiales están distribuidos de acuerdo con la población y la incidencia real del delito.
Con 248 homicidios registrados en 46 días de Gobierno y casi tres de cada cuatro asesinatos cometidos con armas de fuego, especialistas creen que el desafío no se reduce a declarar nuevos estados de emergencia, lo cual plantea la siguiente interrogante: ¿Existen suficientes policías en las calles, en las comisarías y en los territorios donde la violencia está creciendo?
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