Hospital de la Policía tiene solo 36% de medicinas disponibles, según Fiscalía: “Abastecimiento limitado”
La supervisión fiscal también advirtió otras deficiencias en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, como la falta de un sistema informático automatizado, inoperatividad del aire acondicionado y problemas de almacenaje.
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Una diligencia fiscal evidenció la crítica situación que atraviesa el Hospital Nacional de la Policía (PNP) Luis N. Sáenz, ubicado en Jesús María. La Primera Fiscalía de Prevención del Delito constató que la disponibilidad farmacéutica en el establecimiento solo alcanza el 36,24%.
El hallazgo confirma información recabada previamente y evidenciaría “una situación de abastecimiento limitado de productos farmacéuticos y dispositivos médicos”, según informó el despacho a cargo del fiscal provincial Roldan Soto Salazar, tras realizar las acciones preventivas en dicho centro de salud.
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Alertan otras deficiencias en el hospital de la Policía
Durante la diligencia, que también contó con la presencia de personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro y la fiscal adjunta provincial del despacho Beatriz Martínez Peralta, se constató que el área de almacén requiere mejoras continuas para la automatización del sistema informático, a fin de que toda la información se encuentre integrada.
Además, se verificó la inoperatividad del aire acondicionado, extintores vencidos y la ausencia de buenas prácticas de almacenaje en el área de farmacia, así como la acumulación de residuos sólidos, cartones, inodoros, fluorescentes y costales con residuos de construcción frente a la planta de oxígeno del antiguo hospital, entre otros.
Hospital deberá remitir informe con observaciones levantadas
Como parte de la diligencia, la Fiscalía halló un reclamo en el libro de reclamaciones por falta de reactivo RPR para sífilis, por lo que el representante del Ministerio Público exhortó al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz a levantar las observaciones realizadas y remitir un informe detallado de las medidas adoptadas en el plazo de 30 días.
El organismo resaltó que mediante estas acciones se busca prevenir los ilícitos de omisión de actos funcionales, al igual que delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en beneficio de los usuarios.
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