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Detienen a más de 4.000 padres deudores en Perú por no pagar la pensión de alimentos de sus hijos

Ica lidera las detenciones, con 449 casos, seguida de Lambayeque y Lima Centro. El delito de omisión de asistencia familiar puede acarrear penas de hasta cuatro años de prisión, además de restricciones laborales y financieras.

Más de 4.200 detenciones por omisión de asistencia familiar se registraron en Perú durante el primer trimestre de 2023, según el Ministerio Público. Este delito conlleva penas de hasta cuatro años de prisión.
Más de 4.200 detenciones por omisión de asistencia familiar se registraron en Perú durante el primer trimestre de 2023, según el Ministerio Público. Este delito conlleva penas de hasta cuatro años de prisión. | Andina

Más de 4.200 personas fueron detenidas en el país durante el primer trimestre del año por incumplir el pago de una pensión de alimentos fijada mediante sentencia judicial, informó el Ministerio Público.

El delito, denominado omisión de asistencia familiar, puede ser sancionado con penas de hasta cuatro años de prisión, además de restricciones financieras y laborales para los deudores.

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Fiscalía: más deudores en Ica

De acuerdo con el reporte estadístico de la Fiscalía, entre enero y marzo fueron detenidas 4.206 personas por este delito. La región con mayor cantidad de intervenidos fue Ica, con 449 casos, seguida de Lambayeque (344), Lima Centro (332), Arequipa (307) y Cajamarca (305).

El informe también revela que el 72,6% de los detenidos tiene entre 28 y 47 años. El grupo etario con más detenciones fue el de 38 a 47 años, que concentró 1.564 personas intervenidas por incumplir sus obligaciones alimentarias.

Ministerio Público informa sobre detenciones

La Fiscalía precisó que las cifras corresponden a detenciones realizadas por la Policía Nacional del Perú y no representan el total de personas que habrían cometido este delito en el país.

Además de enfrentar procesos penales, quienes ingresan al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) son reportados a centrales de riesgo, tienen restricciones para acceder a créditos bancarios, no pueden trabajar para el Estado y quedan impedidos de postular a cargos de elección popular.

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