Empresas de transporte público instalan cámaras de seguridad tras ataque a Vipusa e inacción del Ejecutivo

Las empresas de transporte público El Rápido y Santa Catalina comenzaron a instalar cámaras de seguridad en sus unidades tras el ataque contra la empresa Vipusa, ocurrido a inicios de abril en Puente Piedra, que dejó una pasajera fallecida y otras dos personas heridas. La medida busca reforzar la protección de conductores y usuarios ante el incremento de hechos violentos vinculados a la extorsión.

Dirigentes y empresarios de El Rápido, en Carabayllo, acordaron destinar parte de sus ingresos mensuales para implementar un protocolo propio de seguridad. Este incluye la instalación progresiva de cámaras en las unidades, las cuales serán monitoreadas desde una central ubicada en su patio de maniobras y contarán con conexión directa con la Policía Nacional para una respuesta inmediata.

Implementación ante falta de medidas

Cada bus contará con dispositivos de videovigilancia, especialmente en la puerta delantera, como parte de un sistema que busca cubrir la totalidad de la flota. En el caso de El Rápido, ya operan cerca de 200 cámaras supervisadas desde su centro de monitoreo.

La decisión empresarial se da luego de la mesa de diálogo sostenida el 1 de abril con el Ministerio del Interior, en la que participaron representantes de El Rápido, Virgen de la Puerta, Santa Catalina y Nueva América. En ese encuentro, el ministro José Zapata Morante anunció la futura integración de las cámaras al sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la Policía Nacional, con acceso en tiempo real para mejorar la respuesta ante delitos; sin embargo, la medida aún no se implementa.

Ante ello, los propios transportistas optaron por invertir en su seguridad. “Estamos invirtiendo en cámaras y botón de pánico, más o menos entre S/200 a S/1.000”, señalaron desde la empresa Santa Catalina.

Persisten temores entre usuarios

Pese a estas acciones, los pasajeros consideran que las medidas no son suficientes. “Han puesto cámaras, pero eso no nos garantiza casi nada. Ven a los que vienen a matar, pero luego los capturan y los sueltan”, expresó una usuaria, evidenciando la desconfianza en la respuesta del sistema de seguridad.

En este contexto, se prevé que otras empresas del rubro se sumen a la instalación de cámaras con recursos propios.

Amenazas y crisis en el sector

Tras el atentado, la empresa Vipusa paralizó sus operaciones y, días después, extorsionadores enviaron mensajes exigiendo el pago de cupos para permitirles continuar trabajando. Las comunicaciones, firmadas por la organización criminal “La Seguridad del Sur”, advertían que continuarán los ataques si no acceden a sus demandas y que medidas como la instalación de cámaras o el blindaje de las unidades no evitarán nuevas agresiones.

El presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (AMETUR), Manuel O’Diana, calificó la situación como grave y advirtió que, pese a los esfuerzos del sector, persiste una alta vulnerabilidad frente a la delincuencia. Señaló que, incluso con medidas como lunas blindadas o chalecos antibalas, los atacantes lograron disparar desde el lado de los pasajeros.

“Hemos hecho grandes esfuerzos, conversaciones con diferentes autoridades del país, pero lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo. Se ha atacado a una de las empresas que mejor protección tiene sobre sus conductores. (...) De verdad que la situación es muy grave”, indicó, al cuestionar la falta de estrategias efectivas del Estado para enfrentar la inseguridad que afecta al transporte público.