Megapuerto de Marcona: inversión de US$405 millones, pero con dudas sobre impacto real en el sur

La firma del contrato para el nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona vuelve a poner sobre la mesa el discurso oficial de “desarrollo” atado a megaproyectos, pero deja varias interrogantes abiertas sobre su verdadero impacto en el sur del país.

La agencia ProInversión suscribió la concesión del puerto, valorizado en US$405 millones, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Contará con dos muelles, tres amarraderos y equipamiento especializado para atender distintos tipos de carga, como granel, carga general y contenedores.

Se trata, además, del primer contrato que firma como entidad concedente en su nuevo rol, lo que el Ejecutivo presenta como un “hito” institucional. Sin embargo, más que un logro técnico, el cambio plantea dudas sobre la capacidad real del Estado para supervisar proyectos de esta magnitud.

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Marcona: nuevo proyecto millonario con interrogantes sociales

El terminal —ubicado en Ica— apunta a convertirse en el tercer puerto más grande del país, detrás del Callao y Puerto de Chancay. La promesa es ‘‘fortalecer la competitividad logística y dinamizar el comercio exterior’’. Pero el énfasis del proyecto revela otra prioridad: estará orientado al embarque de minerales, especialmente hierro y cobre, con una capacidad que podría alcanzar decenas de millones de toneladas al año.

Ese enfoque refuerza un patrón conocido: una infraestructura diseñada para facilitar la exportación de materias primas, más que para diversificar la economía regional. Aunque el proyecto menciona beneficios para 29 provincias y 280 distritos de las regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Cusco, no queda claro cómo se traducirá ese impacto más allá del circuito extractivo.

El Gobierno también destaca la generación de 1.500 empleos ‘‘directos e indirectos’’ en los primeros cinco años. La cifra, sin embargo, resulta modesta frente al tamaño de la inversión. No se precisa cuántos de estos puestos serán permanentes ni qué tipo de empleo se promoverá en una zona históricamente golpeada por la desigualdad.

Otro punto es el anunciado fondo social de S/ 290 millones, ‘‘destinado a financiar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas’’. Sin embargo, este tipo de instrumentos suele depender de la rentabilidad del propio proyecto y carece de garantías claras sobre su ejecución, transparencia y alcance real en las comunidades.

Además, el proyecto se desarrollará en etapas, priorizando en una primera fase un muelle especializado en minerales. Esto confirma que el corazón del terminal no será el comercio diversificado, sino el soporte logístico a la actividad minera, consolidando al puerto como una pieza más dentro de la cadena extractiva.

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Paralelos con el Megapuerto de Chancay

En paralelo, el Ejecutivo insiste en posicionar al Perú como “hub logístico regional”. Sin embargo, la experiencia reciente con el propio Puerto de Chancay muestra que la competencia portuaria no garantiza beneficios automáticos para la economía local ni para el empleo, especialmente cuando los proyectos responden a intereses globales antes que a una planificación territorial integral.

Así, más que un salto cualitativo en desarrollo, el terminal de Marcona parece profundizar un modelo económico ya conocido: grandes inversiones, fuerte orientación minera y promesas sociales que, en la práctica, suelen diluirse con el tiempo.

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