El 80% de comisarías del país no cuenta con personal suficiente para combatir la delincuencia, advierte Defensoría del Pueblo
Se identifican serias deficiencias en infraestructura y tecnología, con comisarías en condiciones deterioradas y falta de equipos adecuados, limitando la capacidad operativa y la respuesta ante emergencias.
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El 80% de las comisarías no cuenta con el número suficiente de efectivos para cumplir adecuadamente sus funciones. Según los propios comisarios, se requiere incorporar más de 600 oficiales, cerca de 17 000 suboficiales y más de 500 trabajadores civiles. Las mayores carencias se concentran en Lima, Cajamarca, Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura. Esto fue revelado mediante un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo.
La falta de personal impacta directamente en labores esenciales como la investigación criminal y el patrullaje. Más de la mitad de las dependencias carece de efectivos suficientes para investigar delitos y el 77% necesita reforzar el despliegue preventivo.
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Déficit de personal y limitaciones operativas
El Informe ofrece el diagnóstico más amplio realizado hasta la fecha sobre el estado de las dependencias policiales en el país. Este advierte la necesidad de actualizar la clasificación de las comisarías en las categorías A, B, C, D y E, debido a los cambios en la configuración urbana y rural, el crecimiento poblacional y la variación de la incidencia delictiva.
Asimismo, se identificó el incumplimiento del reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú respecto a la designación de comisarios, ya que no siempre se asigna personal con el grado, jerarquía y formación especializada exigidos. Esta situación revela deficiencias en la gestión de recursos humanos y debilita el liderazgo institucional, afectando la coordinación interna y la atención a la ciudadanía.
Conectividad, servicios básicos e infraestructura deteriorada
Las condiciones tecnológicas también presentan serias falencias. El 72% de las comisarías no dispone de telefonía fija y el 26% carece de acceso a internet. Solo el 21% cuenta con radio de comunicaciones, lo que obliga a depender de teléfonos celulares con señal inestable, afectando la respuesta ante emergencias.
En cuanto a servicios básicos, el informe revela que en decenas de dependencias los propios policías asumen gastos de agua, electricidad, internet e incluso la limpieza de servicios higiénicos, una situación que evidencia el abandono presupuestal de estas unidades.
La infraestructura muestra un alto nivel de deterioro: 231 comisarías funcionan en locales con más de 50 años de antigüedad y varias superan el siglo de existencia. Pisos, paredes y techos presentan estados de conservación mayoritariamente malos o muy malos, lo que representa un riesgo para el personal y los ciudadanos.
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Riesgos en seguridad, equipamiento y flota vehicular
Por otro lado, solo 583 comisarías solicitaron la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) en el último año, y apenas 166 obtuvieron el certificado correspondiente. Varias sedes fueron declaradas inhabitables o en alto riesgo, principalmente en Lima, Apurímac, Puno y Callao.
En equipamiento, el 30% de los equipos informáticos está inoperativo y parte de estos pertenece a los propios efectivos. Además, casi la mitad de la flota vehicular se encuentra fuera de servicio, con una alta proporción de unidades irrecuperables. A ello se suma la falta de seguros, SOAT y revisiones técnicas en un número significativo de vehículos, lo que limita gravemente la capacidad de patrullaje.
Investigación policial y atención ciudadana
El informe señala que el 67,3% de las comisarías no dispone de personal suficiente para las Secciones de Investigación Policial y que la mayoría carece de ambientes adecuados para la custodia de evidencias. También se detectó una baja disponibilidad de kits de criminalística, esenciales para la recolección de indicios.
En atención al público, persisten carencias en capacitación con enfoque intercultural y en la aplicación de protocolos de derechos humanos. Además, la mayoría de las comisarías no cuenta con espacios adecuados para personas detenidas, adolescentes infractores ni para la comunicación privada con abogados.
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