Transportistas cuestionan que ley 'antiextorsión' del Gobierno no frena los asesinatos

La violencia contra los transportistas no se detiene. Pese a que el Gobierno reglamentó hace apenas tres días la Ley N.º 32490, conocida como ley antiextorsión y presentada como respuesta frente a la criminalidad que golpea al sector, ya se registraron al menos dos asesinatos y cuatro atentados vinculados al sector transporte, lo que evidencia que el problema persiste.

El hecho más reciente ocurrió en el distrito de San Luis, donde un bus de la empresa Los Verdes fue baleado cuando trasladaba una gran cantidad de pasajeros. Además, en menos de 24 horas, también se reportó el asesinato de un colectivero en La Victoria y se registraron ataques contra unidades en Carabayllo (donde un chofer y dos personas resultaron heridas).

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Gremios cuestionan efectividad de la norma

Para los representantes del sector transporte, el reglamento aprobado por el Ejecutivo no ataca el núcleo del problema. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, fue enfático al señalar que la extorsión no puede enfrentarse sin inteligencia ni una estrategia sostenida. “Estamos cuestionando al Gobierno que ha sacado cualquier cosa como reglamento y no la continuidad de la norma que hemos propuesto. Esto causa indignación y zozobra”, afirmó.

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Vargas señaló que el sector está en un punto crítico tras agotar medidas como paros y pedidos formales sin obtener respuesta. “Hemos llegado a un punto muerto. Se han hecho todos los esfuerzos y el Estado no reacciona”, sostuvo. Respecto a la restricción de que dos personas circulen en motocicleta, opinó que debe aplicarse como mecanismo de control y no como sanción. “Debe ser una medida de disuasión, no de castigo. En las motos nos matan. Tienen que controlar e identificar... Es una situación extraordinaria”, señaló.e

El vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Walter Carrera, lamentó el reciente asesinato del joven colectivero y recordó que la violencia persiste. Carrera dijo que estos ataques vienen denunciándose desde ‘‘hace más de un año’’ y, en ese periodo, ‘‘decenas de conductores han sido asesinados’’. El dirigente indicó que existe expectativa frente a la ley, pero lo fundamental será que se traduzca en resultados concretos.

Motociclistas y deliverys rechazan restricciones

Desde los gremios de motociclistas también surgieron cuestionamientos. Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, sostuvo que prohibir que dos personas circulen en una moto no resolverá el problema de fondo y calificó la medida como una ''distracción'' frente a la falta de una estrategia real contra las mafias.

En la misma línea, Harvey Buitrago, secretario general del sindicato de delivery del Perú, consideró que la disposición no afectará a los delincuentes, ya que estos no respetan normas. Indicó que el enfoque debería centrarse en inteligencia policial, control de las redes criminales y acciones en los puntos donde operan las extorsiones. Además, cuestionó que se adopten medidas que terminan afectando a trabajadores formales y advirtió que ''el uso del estado de emergencia no puede convertirse en una herramienta política sin resultados concretos''.

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Expertos advierten que el problema seguirá

El especialista en seguridad José Manuel Saavedra señaló que la norma no enfrenta el verdadero origen de la extorsión. El experto afirmó que las redes criminales continúan operando, muchas veces desde los penales, y que el flujo de dinero ilegal no ha sido afectado. Mientras no se refuercen la inteligencia y la investigación financiera, los atentados continuarán incluso con nuevas disposiciones en vigencia, según precisó Saavedra.

En la misma línea, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza sostuvo que las coordinaciones previstas en el reglamento tendrán un impacto limitado si no están acompañadas de una acción policial efectiv. Para el exfuncionario, la extorsión no se combate únicamente con regulaciones, sino con ‘‘operaciones sostenidas y recursos’’. Asimismo, observó que el enfoque de la reglamentación se centra más en la etapa final del delito y no en la desarticulación de las organizaciones criminales, ‘‘donde deberían concentrarse los esfuerzos’’.

Finalmente, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que las medidas planteadas son insuficientes: “No hay capacidad operativa, no hay inteligencia criminal y se pretende hacer creer que con restricciones a motos se solucionará el problema... La norma tiene una serie de trampas que la hacen inaplicable”.

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