A 4 años del derrame de Respol, mujeres pescadoras denuncian no haber recibido reparaciones económicas integrales: "Se nos discrimina"

Mercedes Yovera es vicepresidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Chancay, Aucallama y Santa Rosa. Y se ha convertido en uno de los rostros más representativos de la lucha por reparaciones integrales de quienes un 15 de enero de 2022 lo perdieron todo a causa del desastre ecológico ocasionado por Repsol.

Se cumplen cuatro años desde que 11,900 barriles de crudo fueron vertidos en las costas de Ventanilla, a lo largo de más de 10 mil hectáreas del litoral . Desde ese fatídico día, la vida e ingresos de los pescadores y pescadoras de las cinco playas afectadas no ha sido igual. "Salíamos a pescar de día, de noche, de tarde, a la hora que queríamos. Éramos independientes. Ahora nos ha cambiado todo, porque si ya dependemos de una empresa, imagínese lo que tenemos que dejar", enfatiza Yovera.

Sumado a esta realidad, la situación de las mujeres en la pesca no parece diferir del contexto de desigualdad que persiste en la sociedad. En conferencia de prensa, gremios de fileteras, pescadoras y comerciantes denunciaron que tanto el Estado peruano como la transnacional española habrían actuado de forma discriminatoria al momento de otorgar los subsidios correspondientes por los daños causados en las aguas donde antes abundaban las especies marinas.

"Nosotras, las mujeres, no solamente hemos sido discriminadas, sino maltratadas por esta empresa transnacional llamada Repsol. La misma que no ha respetado el padrón único de afectados que ha sido elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), donde el medio de vida figura como pesca. Ellos nos han pagado de tal manera que ellos han querido, como fileteras, como este turismo. A muchas no las reconocieron como pescadoras", sostuvo la dirigente en diálogo con La República.

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Mujeres dedicadas al mar denuncian haber sido excluidas de padrón de afectados

Hilda y Silvia llevan más de 40 años trabajando como comerciantes en las playas de Chancay. Ambas son propietarias de restaurantes que se abastecían con productos extraídos directamente del mar. Sin embargo, su situación cambió drásticamente hace cuatro años. “Ya no es como antes”, señala una de ellas. El desastre, ocurrido en la etapa pospandemia de la COVID-19, encontró a muchas personas vinculadas a la actividad marítima en una situación de alta vulnerabilidad, especialmente a madres solteras que se vieron obligadas a solicitar préstamos bancarios para sostener a sus hijos.

En ese contexto, las compensaciones económicas entregadas por Repsol a mujeres fileteras, pescadoras y comerciantes no significaron una verdadera reparación. Muchas de ellas tuvieron que destinar esos recursos al pago de deudas contraídas durante la pandemia. “Venían las épocas escolares de los hijos, la universidad, problemas de salud. Nos estábamos recuperando poco a poco de la pandemia y se nos vino esto. Toda la mercadería se quedó, no hubo turistas y las pérdidas fueron grandes”, relató Hilda.

Las afectadas señalan que solo el primer año se otorgó el 100 % de las compensaciones prometidas. Al año siguiente, el monto se redujo al 30 % y, además, fue entregado de manera fraccionada. Esta situación agravó la precariedad económica de las familias que dependen del mar para subsistir.

Asimismo, denuncian que, pese al acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, no se logró garantizar el respeto de sus derechos. “Tenemos pescadores con más de 40 años en esta actividad a quienes terminaron compensando como fileteros, con montos de alrededor de 39 mil soles al año. Eso es indignante. Salíamos de una pandemia, muchos con deudas, y el banco descontaba directamente lo que se debía. ¿Con qué dinero se puede subsistir así? No hay ninguna forma de subvención”, declaró Yovera.

Pese a todo, y sin romantizarlo, Silvia sostiene con firmeza que la lucha continúa por el bienestar de sus familias. “Tenemos hijos y por ellos seguimos reclamando que se nos reconozca lo que realmente es justo. Eso es lo único que pedimos”, enfatizó.

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Nula remediación ambiental: petróleo persiste en las playas

De acuerdo a un reciente informe realizado por la ONG CooperAcción, a cuatro años del derrame, "el plan de Repsol es no hacer nada". Esta es en síntesis la respuesta a la que ha llegado la organización tras analizar los 12 planes de rehabilitación presentados por la trasnacional a las autoridades del Estado peruano. El texto argumenta que los mencionados planes se amparan en la "técnica de atenuación natural". Lo que en palabras simples significa que sea "la propia naturaleza la que termine de limpiar el desastre".

En diciembre de 2025, pescadores afectados, junto con el biólogo marino Stefan Astermuller, visitaron la playa Cavero, en Ventanilla, para evidenciar que el petróleo aún persiste en el litoral y que restos de hidrocarburos envejecidos continúan presentes en la arena. Durante el recorrido, se realizaron excavaciones de zanjas de hasta 70 centímetros de profundidad para determinar que, en ese estrato —donde no hay oxígeno, bacterias, agua u otros factores que favorezcan la degradación—, el crudo aún permanece.

"Hemos encontrado una torta de alquitrán de 30cm de largo, que está mezclada con plantas y con arena. Son un buen ejemplo de una gran contaminación y son restos de un derrame (...) Nos están vendiendo la no acción humana como la mejor acción de la empresa de recuperar el medio ambiente (...) La conclusión 'nosotros no podemos hacer nada'", declaró Astermuller para los medios.

Repsol, por su parte, afirma haber destinado más de 1.300 millones de soles en indemnizaciones, compensaciones a los afectados, limpieza y planes de rehabilitación y monitoreo. "Han sido compensados más del 99% de los afectados identificados directamente por el Estado en el Padrón Único de Afectados". Asimismo, la empresa sugiere que dichas intervenciones se sustentan en 18 planes de rehabilitación que Refinería La Pampilla, los cuales incluyen más de 180.000 páginas, "con más de 28.000 análisis fisicoquímicos e hidrobiológicos realizados desde finales de 2022", argumentan.

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Pescadores rechazan acuerdos entre el Estado y empresa española

El 10 de diciembre de 2024, distintas asociaciones de pescadores presentaron una acción constitucional por vulneración de derechos humanos contra Repsol. Con este recurso, los afectados exigían conocer: el estado real de la remediación ambiental, la situación socioeconómica actual de las familias dedicadas a la pesca artesanal, el avance de los compromisos asumidos por el Estado y el nivel de cumplimiento de la empresa frente a las medidas establecidas tras el derrame.

Sin embargo, la acción colectiva coincidió con nuevas revelaciones sobre los acuerdos suscritos entre la transnacional española y el Estado peruano, según reveló un reportaje difundido por Hildebrant en sus Trece. La investigación detalla cómo la empresa, de acuerdo con los documentos firmados, y precisada en el inciso 13 del texto, no admite ninguna responsabilidad por el derrame ocurrido.

El semanario también informó que la petrolera se comprometió a pagar S/ 9 millones adicionales para que la Fiscalía modificara la acusación penal de contaminación ambiental dolosa a culposa, evitando así una posible condena. El exfiscal Abel Tapia —removido luego por avalar el acuerdo—, el procurador Julio Guzmán y el juez Jorge Silva avalaron esta negociación. Pese a que la nueva fiscal del caso, Tamara Gonzales, solicitó anularlo, Silva ratificó su decisión.

Según han demostrado organizaciones internacionales que le han dado seguimiento al caso, aproximadamente el 65% del volumen del derrame, equivalente a 6000 barriles, ha quedado en el mar o costa peruana. "Yo soy tercera generación; acá llegó a pescar mi abuelo, mis padres, mis tíos. Si dejamos de pescar 5 o 10 años, yo no enseño a pescar a mis hijos y se pierde esa costumbre. Ellos simplemente les va a dejar de interesar y la cultura se lleva de mano a mano", denunció Luis Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama durante una entrevista para la CooperAccción.

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