Choferes de la empresa VIPUSA usan chalecos antibalas y blindan sus buses con placas ante aumento de extorsiones

Ante el incremento de ataques y amenazas extorsivas contra transportistas en distintos distritos de Lima, la empresa de transporte urbano VIPUSA (que tienen su paradero en el distrito de Ancón) ha implementado nuevas medidas de seguridad en sus unidades. Según representantes de la compañía, cerca del 70% de los buses ya cuentan con placas metálicas instaladas en la ventana delantera, las puertas y la cabina del conductor, con el objetivo de reducir el riesgo de ser alcanzados por proyectiles en caso de un ataque. Estas placas funcionan como un blindaje improvisado que, aunque no es infalible, ofrece un nivel básico de protección.

De acuerdo con dirigentes de la empresa, estas adecuaciones responden a la falta de garantías para operar con normalidad. Explicaron que muchos conductores, quienes en algunos casos también asumen funciones administrativas dentro de la compañía, han sido blanco de amenazas directas por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión. Ya son más de 10 muertos en lo que va del año, según cifras del Ministerio Público.

Además, esta situación ha llevado a varios transportistas a adoptar medidas adicionales, como el uso de chalecos antibalas mientras trabajan. “Siempre hay que estar precavido”, comentó uno de ellos, además, recalcó que deben estar alerta en todo momento y con el temor de no volver a ver a su familia.

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Medidas de emergencia y falta de apoyo estatal

La implementación de estas placas metálicas requiere una inversión que oscila entre los 1.000 y 2.000 soles por unidad, según los dirigentes, un gasto significativo para empresas de transporte urbano que ya operan con márgenes ajustados. Sin embargo, aseguraron que estos costos no serán trasladados al usuario y que el precio del pasaje se mantendrá por el momento, pese a que otras unidades ya incrementaron sus tarifas.

También señalaron que esta estrategia de protección no busca infringir normas de tránsito ni evadir regulaciones, sino responder a un escenario en el que se sienten desprotegidos por parte del Gobierno y de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese sentido, pidieron mayor tolerancia y comprensión respecto a los implementos instalados, pues aseguran que ya han tenido problemas con los policías durante su ruta.

Sin medidas de protección

A pesar de estas medidas, los transportistas admiten que siguen trabajando con miedo. Señalan que los estados de emergencia y las múltiples disposiciones anunciadas en los últimos meses no han logrado frenar el accionar criminal en las rutas que recorren diariamente.

Frente a la insuficiente respuesta estatal, otras empresas de transporte también han empezado a replicar estas acciones de protección casera, buscando resguardar la integridad de sus trabajadores.

Extorsión en el transporte deja 73 muertos en Lima y Callao en 2025

En lo que va del 2025, la crisis de violencia y extorsión en el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao ha dejado un saldo de 73 choferes asesinados y un total de 134 víctimas entre muertos y heridos, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Los ataques, que incluyen emboscadas y disparos desde motocicletas, se concentran principalmente en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, San Juan de Miraflores y Los Olivos, y han ocurrido con mayor frecuencia los miércoles, viernes y en horas nocturnas, pese a los estados de emergencia decretados por el Gobierno para frenar la violencia.

Expertos y gremios transportistas critican la respuesta estatal, señalándola como insuficiente y carente de una estrategia integral, lo que ha generado marchas y paralizaciones exigiendo protección. Las denuncias por extorsión han aumentado de manera sostenida desde 2021 y podrían superar las 28 000 en 2025, evidenciando que la violencia se ha vuelto más agresiva y estructural. Analistas sugieren fortalecer la persecución penal, la inteligencia criminal y las políticas de seguridad específicas para el sector si se quiere revertir esta ola de ataques que no solo afecta a los conductores, sino también la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

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