Transporte informal de Lima: sanciones que no se cumplen y riesgos que persisten

El desvío de una cúster ‘anconero’ contra un bus de metropolitano ha despertado preocupación sobre los peligros del transporte en Lima para transeúntes y pasajeros. Del reciente accidente, fallecieron tres personas y 23 quedaron heridas. Pero, hasta julio de este año, son 1.668 muertes por accidentes de tránsito en la capital del Perú, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La preocupante cifra se da mientras más del 65% de los vehículos que transitan son informales y muchos carecen de SOAT vigente, lo que agrava riesgos para la seguridad vial.

“Esquina baja”, es de las frases más escuchadas si se usa transporte público y es tan común como informal. La ley dice que el descenso de pasajeros debe ser en paraderos autorizados. Sin embargo, está normalizado que los vehículos se detengan en distintos puntos. Tanto el incumplimiento a las normas como la evasión de sanciones administrativas son usuales. Cuando un policía pone una papeleta, puede ser recibida o rechazada tras alguna disimulada e ilegal suma de dinero. Pero, cuando llega a las manos del conductor, no implica necesariamente que la multa sea pagada.

PUEDES VER: Línea 2 del Metro: antes de la quincena de agosto reabrirán dos carriles del Paseo Colón tras 13 meses de obras

Ruta esquiva de multas

Las papeletas, debido a que son sanciones administrativas, son reguladas por la Ley 27444, que permite la defensa por la vía legal. “El conductor puede interponer recursos de reconsideración y apelación, lo que puede durar unos seis meses”, explica Luis Quispe Candia, abogado especializado en Tránsito y Seguridad. Pero, el proceso no termina allí. “La sentencia puede ser apelada y pasa a una sala contenciosa administrativa. Si la sentencia es favorable, ya no paga la multa. Si es adversa, aún puede apelar a la Corte Suprema”, precisa.

Pueden pasar de tres a cinco años hasta que la Corte Suprema se pronuncie, mientras tanto, la multa por infracción permanece sin ser atendida, según explica Quispe Candia. “Es lo que ocurre en la gran mayoría de casos porque es la única forma de evadir el pago. El camino es ese”, afirma.

“La evidencia muestra que las multas ya no les afectan”, asevera José Aguilar, exjefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). “Se llegan a capturar unidades con varios miles de soles de multa y a algunos no les pasa nada porque son ‘piratas’. Si no tienen brevete, están fuera de la ley. Entonces, se llevan el vehículo al depósito. Hay reglas, hay capacitaciones, hay convenios con la policía, hay grúas, pero la ilegalidad es tan grande que los depósitos quedan chicos”, señala.

PUEDES VER: Transporte informal: el negocio que sigue matando en las calles de Lima

Las infracciones más comunes

Lima es la región con mayor cantidad de faltas al reglamento de tránsito, a nivel nacional, de acuerdo a cifras del anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú. Tan solo en 2024, se identificaron un total de 863.487 infracciones, lo cual es el 67.10% del total en el país.

También es en la capital del Perú donde se han cometido más faltas consideradas “muy graves”, aquí están: conducir sin la licencia correspondiente, manejar con presencia de alcohol o estupefacientes, cruzar con el semáforo en luz roja, desobedecer indicaciones sobre tránsito.

A ello se suma el precario estado físico de los vehículos. “Casi todos los vehículos informales son muy antiguos, tienen más de 30 años. Las combis cúster salieron en los 90”, indica Krishan Barr Rosso, ingeniero especializado en sistemas de transporte sostenible y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “Posiblemente, se hayan hecho mantenimientos cuando se han malogrado, pero no de forma preventiva. Tampoco pasan revisión técnica porque no hay forma de que las pasen. Entonces, operan fuera de los parámetros que la ley establece”, añade.

PUEDES VER: Congreso impulsa amnistía para choferes de combi mientras ‘Anconeros’ realizan piques ilegales con multas que exceden los S/ 10.000

El problema de la informalidad

La informalidad en el transporte público afecta tanto a la congestión vehicular como a la seguridad vial. Barr Rosso sostiene que la facilidad para adquirir vehículos en los países con mayoría de transporte informal facilita la compra de ‘combis’ que multiplican la cantidad de unidades en circulación. “Otra característica es que ocupan espacios indebidos. Se estacionan o circulan en lugares no permitidos, como vías rápidas o a veces invaden ciclovías”, apunta.

“Si hablamos de la seguridad vial, son conductores no capacitados en el 90% de los casos. No tienen licencias adecuadas o no han recibido formación al respecto. También en este aspecto están los vehículos en mal estado que incrementan la posibilidad de fallas mecánicas. A ello se suman las maniobras peligrosas, exceso de velocidad, frenos constantes que ponen en riesgo a pasajeros, lo que se agrava con la falta de seguros”, detalla el experto.

Aguilar concuerda en que la notable cantidad de conductores sin licencias adecuadas representa uno de los principales problemas pendientes. “Cuando hacíamos operativos, en general, cerca de la mitad de conductores y colectivos piratas no tenían brevete. El otro veinte por ciento, aproximadamente, no tenía SOAT”, cuenta sobre su experiencia. Este tipo de infracciones disminuyen en el caso de conductores de transporte formal.  

PUEDES VER: Perú recibe donación de US$2 millones del Banco Mundial para mejoras en el Metropolitano y otros tres sectores

Un cambio ante señales de alerta

Pese a que no se reflejan cambios significativos en la concurrencia del transporte informal, Aguilar sostiene que la idea de las autoridades es que puedan formalizarse. “Las empresas grandes ya están en orden. Pero, aún hay un gran grueso que es formal en el papel y en la práctica no lo es. La idea es que se vuelvan formales, las que puedan. Ser formal, tener choferes en planilla, con todos los beneficios de ley, una serie de requisitos que ha puesto la ATU, implica también respaldo financiero”, observa.

Respecto a la evasión de sanciones, Quispe Candia acota que, desde Luz Ambar, organización que dirige, ha propuesto una ley para crear “juzgados especializados de tránsito y seguridad vial”. Si hubiera estos juzgados, la papeleta, en vez de ir al juez contencioso-administrativo, irían al juez de tránsito especializado y este juez, con un criterio distinto, podría implementar una audiencia única y decidir si el conductor debe pagar o no debe pagar la multa”, explica.

Por su lado, Barr Rosso, defiende que ante el alto nivel de transporte informal en Lima es necesaria una nueva estrategia vial enfocada en la ciudadanía. “Lo que hacen muchas ciudades para cambiar el problema de la informalidad y el caótico tráfico es dejar de diseñar la ciudad con un foco en el transporte motorizado y comenzar a entregarle la ciudad al ciudadano, al ciclista, al peatón”, comenta. “Hace falta valentía política y visión urbana, para que quienes están en cargos importantes tomen decisiones que pueden no ser populares, pero que se ha visto en otros países que funcionan”, agrega.

¿Será posible una transformación del transporte en Lima? Los expertos coinciden en que, al final, es una manifestación más de la creciente informalidad laboral que ya es tendencia en el país. Mientras no se atiendan los problemas estructurales, la inseguridad vial seguirá siendo una constante en las calles de la capital.