Transporte informal: el negocio que sigue matando en las calles de Lima
Grave. Un choque entre un bus del Metropolitano y una cúster dejó tres personas fallecidas y más de 23 heridas. El vehículo de transporte público acumulaba infracciones por un total de S/ 37,000 desde el año 2018 hasta el 2024.
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Tres personas perdieron la vida y otras 23 resultaron heridas el último lunes cuando una cúster, conocido como el 'Anconero' , invadió las vías exclusivas del Metropolitano en el cruce con la avenida en la avenida Alfonso Ugarte, Cercado de Lima. El accidente puso el foco en el transporte ilegal que circula sin control por la capital. Sin SOAT y con papeletas acumuladas, estas unidades siguen operando y arriesgando la vida de muchos ciudadanos.
El chofer de la unidad habría cruzado la vía exclusiva del Metropolitano, impactando con uno de los buses troncales. La cúster. Según la información obtenida por este medio, la cúster registraba más de S/37.000 en multa y sanciones, una orden de incautación y ocho papeletas. La unidad fue conducida por Andrés Yopan Díaz, de 39 años, quien falleció producto del siniestro. Sus familiares afirmaron que contaba con licencia de conducir vigente y que la empresa le aseguró que toda la documentación se encontraba en regla.
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Lo grave es que el vehículo ya tenía antecedentes; si embargo seguía funcionando.
¿Cuántos más?
No es un caso aislado. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre enero y julio de 2025 se han registrado 1,668 muertes por accidentes de tránsito en el país.
El expresidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), José Aguilar, explicó que hay dos problemas que es la ilegalidad, es decir, personas que operan vehículos no autorizados, y el incumplimiento, donde empresas formales contratan a conductores sin brevete o permiten que sus unidades sean conducidas por terceros no habilitados.
El exfuncionario calificó de “criminal” que un vehículo con más de S/ 30,000 en multas siga operando con normalidad. Señaló que esta situación se agrava por medidas judiciales que permiten a los infractores eludir sanciones y mantenerse activos en el sistema. “Esto es parte de una mafia”, advirtió.
Aguilar criticó también a varias empresas de transporte que, en lugar de acatar las sanciones impuestas por la autoridad, contratan abogados para interponer medidas cautelares que terminan congelando los procesos durante meses o años.
En ese contexto, aseguró que el actual sistema de multas ha demostrado ser completamente ineficaz. “Las infracciones se siguen cometiendo, una y otra vez. Entonces, creo que hay que pasar a otro esquema.”
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Reformas penales
Por ese motivo, recomendó incorporar reformas en el Código Penal que incluyan prisión efectiva para los conductores que presten servicio público sin contar con licencia de conducir. Además, sostuvo que los propietarios de estos vehículos también deberían ser penalmente responsables por permitir que sus unidades sean operadas por personas no autorizadas. “El problema de la informalidad es enorme”, afirmó.
Respecto a los operativos de fiscalización, señaló que si bien son efectivos en el momento, pierden impacto rápidamente. “Se corre la voz sobre el operativo y los vehículos cambia de lugar. A eso se suma el respaldo que algunas asociaciones informales tienen de ciertos congresistas.”
Aguilar propuso una fiscalización más moderna y sistemática, aprovechando los GPS que ahora son obligatorios en las unidades con título habilitante.
“La autoridad puede hacer seguimiento desde su central y verificar si realmente están cumpliendo la ruta autorizada. Si se desvían, deben ser sancionados como corresponde.”
Además, indicó que espera que no politicen el tema. “Ya es momento de actuar con mano dura. No puede ser que luego algunos congresistas salgan a decir que se está quitando el ‘pan de vivir’ a estas personas. Todos vivimos en un Estado de derecho y hay que cumplir las reglas. Ese, creo yo, es un punto débil que puede enfrentar la ATU en el futuro”.
Aguilar también cuestionó el uso indebido de las vías del Metropolitano, no solo por parte de vehículos privados y empresas de transporte, sino también por autoridades políticas y efectivos policiales. Afirmó que, aunque ciertos casos están permitidos por ley, la falta de control fomenta el mal uso generalizado de estas rutas.
