Cifra de trata de personas alcanza su pico más alto durante gobierno de Dina Boluarte con más de 1400 casos

Desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022 hasta hoy, Dina Ercilla Boluarte Zegarra se ha mantenido más de 950 días en el poder, mismo periodo en el que se reportó la mayor cantidad de víctimas por el delito de trata de personas en los últimos años. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior (Mininter), del 2017 al 2025, se han registrado 4,971 víctimas de este delito; solo durante la gestión de Boluarte, entre 2022 y 2025, se reportaron 1,465 personas, lo que representa aproximadamente el 29.5% del total.

No obstante, datos del Directorio Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) señalan que la cifra real podría ser mayor. Solo en 2023, el Ministerio Público registró 2,783 denuncias por trata en fiscalías comunes a nivel nacional, una cantidad muy superior a la reportada por el Mininter ese mismo año, que contabilizó 583.

"Desde hace mucho tiempo se exige la homologación de cifras (...) No se pueden establecer políticas públicas, normas, procedimientos ni protocolos si no conoce con exactitud qué es lo que está ocurriendo en el país. Para combatir el problema de manera eficiente es necesario territorializarlo (...) Cada región tiene sus particularidades y esa información no está siendo manejada a nivel del Estado", declara para este medio Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro del Interior.

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Estados de emergencia: ¿qué tan efectivos han sido para combatir el delito de trata?

Envuelta en investigaciones por corrupción y cuestionamientos por abandono de funciones tras someterse a intervenciones estéticas, la presidenta se alista para brindar su último mensaje a la nación este próximo 28 de julio, antes de dejar el cargo. En ese sentido, cabe preguntarse ¿cuáles han sido los avances y/o retrocesos que ha dado el gobierno para combatir y erradicar la trata de personas en el Perú?

"Nuestro gobierno le ha declarado la guerra al infame delito (...) Con tal propósito, la Policía Nacional está intensificando sus operaciones estratégicas en todo el territorio nacional. En los cinco primeros meses del 2024, se logró ejecutar 123 operativos con la desarticulación de 31 bandas criminales y una organización criminal, que permitió la liberación de 1,016 víctimas, entre las que se encontraban 29 menores de edad de nacionalidades peruana y extranjera", declaró en el 2024 en el protocolar mensaje a la nación realizado cada Fiestas Patrias.

De acuerdo con el IX informe de CHS Alternativo (2022-2023), tras las protestas ciudadanas que siguieron al fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, Dina Boluarte emitió 77 decretos supremos declarando el estado de emergencia a nivel nacional, con el objetivo de contener las movilizaciones sociales. En consecuencia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante ese periodo se registraron 50 civiles muertos y al menos 821 personas heridas.

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De acuerdo con dicho informe, esta priorización de recursos hacia el control del orden interno provocó una desatención a las víctimas y a las poblaciones en riesgo de ser captadas por redes de trata. A ello se sumó un aumento en la desconfianza ciudadana hacia los agentes del orden, especialmente la Policía Nacional del Perú (PNP). "Son simplemente paliativos. Detrás de los estados de emergencia no hay una estudio y una evaluación rigurosa que realmente los justifique", comenta el exviceministro.

El factor pobreza: situación de vulnerabilidad frente a la trata de personas

El Ministerio del Interior sostiene que solo en lo que va del 2025, se han registrado 213 denuncias por trata de personas. De ese total, el 73,4% de las víctimas tenía nivel educativo secundario, y el 87,7% eran mujeres, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 29 años. La principal modalidad de captación fue con fines de explotación sexual y laboral.

Otro factor es la pobreza. Según cifras del INEI (2023), los mayores índices se encuentran entre los 12 a 17 años y los 18 y 29 años. En esa línea, esta condición económica resulta en un factor fuertemente relacionado con la informalidad y la poca inversión de la organización criminal en la captación de víctimas. Lo que, según el especialista, "crea altos niveles de impunidad".

"La delincuencia toma decisiones en función al riesgo y al costo. Si un delito cuyo costo de inversión es muy bajo, es un delito que va a prosperar (...) Por otro lado, vivimos en una sociedad marcada por la informalidad generalizada. Tenemos transporte informal, hotelería informal y actividades económicas sin regulación, lo que facilita el movimiento de las víctimas sin que nadie se preocupe por ellas. Esto abarata enormemente el costo operativo para las redes criminales, porque el Estado no impone controles efectivos ni sanciones reales", acota Valdés.

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El delito de trata también estaría vinculado con el auge de economías ilícitas, como la minería ilegal, el tráfico de drogas, la tala ilegal de madera y al accionar de organizaciones criminales. Entre las más activas se encuentran bandas como el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios, Los Pulpos, Los Tiguerones, el Comando Vermelho, entre otras.

La situación de la población migrante tampoco es alentadora. En los últimos ocho años, hasta 2022, el número de personas extranjeras víctimas de trata aumentó de 48 a 271. Las principales afectadas son mujeres migrantes venezolanas: mientras en 2014 no se registraban víctimas de esa nacionalidad, hoy representan un abrumador 85 % del total de víctimas extranjeras.

El debilitamiento del marco normativo para erradicar la trata

Desde el año 2012, de acuerdo con el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ha recomendado al Estado peruano que incremente el presupuesto público asignado para combatir la trata de personas. Si bien en el 2023 el presupuesto nacional ascendió a S/214.7 mil millones, solo el 0.003 % fue destinado a esta problemática: S/6.21 millones; es decir, menos de 20 céntimos por persona por año para combatir el delito. "El presupuesto estatal es ridículamente bajo (...) Estamos ante un Estado que no previene, no atiende, y apenas reacciona", sentencia el director de CHS.

Sumado a ello, otro punto crítico es la judicialización del delito. Según advierte Ricardo Valdés, la presencia de corrupción dificulta seriamente el combate contra la trata de personas. “Si tenemos instituciones corruptas, altos índices de corrupción, fuerte intimidación y pobreza estructural, el riesgo que asume un delincuente es mínimo. ¿Por qué? Porque es poco probable que sea capturado, y si lo es, dentro de un sistema corrupto tiene muchas posibilidades de quedar en libertad”, argumenta.

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A esto se le suma las leyes aprobadas por el Congreso de la República que debilitan el marco normativo para erradicar la trata. Con la aprobación la Ley n.° 32108, que modifica el artículo 317 del Código Penal y el artículo 2 de la Ley n.° 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), actualmente solo se considerarán delitos de crimen organizado aquellos sancionados con penas mayores a seis años de cárcel, lo que deja fuera a 59 delitos, debilitando la lucha contra estas redes.

A la par, otra normativa que limita el accionar del Estado es la aprobación del Proyecto de Ley N.º 5712/2023, el cual modificó la Ley N.º 29118, impulsado por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, la cual establecía que el Poder Ejecutivo debía rendir cuentas ante el Congreso sobre los avances en la lucha contra la trata de personas. Desde esa modificación, el Ejecutivo —a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)— ya no está obligado a informar al Congreso, lo que representa un retroceso en términos de transparencia.

"Me gustaría escuchar a la presidenta decir que ha tomado conocimiento del crecimiento alarmante de las economías ilícitas en el país, entre ellas la trata de personas, estrechamente vinculada a actividades como la minería ilegal. Asimismo, esperaría que solicite a este Congreso revertir la modificación de la Ley N.º 29118 (...) Aunque realmente no tengo ninguna expectativa", finaliza.

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