Sociedad

Caso Saweto: exigen elevar condena de 28 a 35 años para responsables del asesinato de líderes indígenas

En la recta final. Defensa de las viudas pide elevar de 28 a 35 años la sentencia contra los madereros ilegales responsables del asesinato de cuatro líderes ashéninkas. En las próximas audiencias se escucharán los alegatos de los condenados.

Caso Saweto podría marcar un precedente en la defensa del territorio. Foto: Antonio Melgarejo/La República.
Caso Saweto podría marcar un precedente en la defensa del territorio. Foto: Antonio Melgarejo/La República.

"[Nos] hemos quedado sin líderes (...) a nosotras nos dejaron solas porque todas las personas que estaban en la comunidad salieron por el miedo… que nos van a venir matar a todos". Este es el testimonio de Julia Pérez, compartido durante la presentación de alegatos por el Caso Saweto, juicio que, desde hace once años, busca condenar a Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, taladores que emboscaron, torturaron y asesinaron a cuatro líderes ashéninkas un lejano 6 de septiembre de 2014.

Pérez es una de las cuatro viudas que ha venido, exigiendo justicia por el asesinato de su esposo Edwin Chota Valera y las autoridades ashéninkas Leoncio Quintísima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez y Jorge Ríos Pérez, quienes denunciaron la presencia de madereros ilegales en su territorio.

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El juicio, que ya se encuentra en la recta final y en etapa de apelación, tiene lugar Corte Superior de Justicia de Ucayali, y se espera la confirmación de la sentencia de 28 años y tres meses contra cuatro de los cinco implicados en el crimen. No obstante, la defensa legal de las víctimas ha solicitado el aumento de la pena condenatoria dictada en primera instancia a 35 años, así como el aumento de la reparación civil.

"La Fiscalía ha sustentado el aumento de la pena porque no solamente estamos hablando de representantes de una comunidad, sino de autoridades jurisdiccionales, como lo reconoce el artículo 149 de la Constitución. Edwin Chota era el presidente de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (...) y los líderes eran discriminados porque realizaban la defensa de su territorio. Todos esos puntos son agravantes", declaró para La República Rocío Trujillo, asesora legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y abogada del caso.

El hostigamiento que aún sufren las viudas del Caso Saweto

Este 3 de julio, en el desarrollo de la decimoprimera audiencia de apelación por Caso Saweto, la defensa terminó de oralizar sus alegados finales. Asimismo, también participaron los abogados de los sentenciados. Mientras que Hugo Soria y José Estrada estuvieron presentes durante la sesión vía Zoom. "Como parte civil, hacemos un llamado a que se tomen las previsiones. Porque hemos advertido que hay riesgo en que los condenados estén libres. Durante todo el proceso se ha dado cuenta de que ha habido amenazas contras las hermanas [viudas], justamente porque se les quiere callar para que este proceso no siga", declaró Trujillo.

Según Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali, las viudas Julia Pérez, Lina Ruiz, Lita Rojas y Ergilia Rengifo —esposas de los líderes asesinados—, quienes han estado presentes durante el proceso de apelación, aún temen sufrir represalias en caso se confirme la sentencia.

"Lamentablemente, los líderes indígenas, las comunidades, viven en un estado de vulnerabilidad constante por la amenaza de las economías ilegales. Al inicio de este proceso, que empezó en marzo, ellas han recibido llamadas extrañas, llamándolas por su nombre y queriendo sacar información”, acusó el apu López.

Defensa legal de Edwin Chota solicita el aumento de la reparación civil por los daños individuales, estructurales y colectivos a la comunidad. Foto: Aidesep,

Defensa legal de Edwin Chota solicita el aumento de la reparación civil por los daños individuales, estructurales y colectivos a la comunidad. Foto: Aidesep,

"Tenemos conocimiento que antes de emitirse la sentencia de primera instancia, uno de los hermanos Atachi se habría acercado a la hermana Lita, quien constantemente debe salir de la comunidad que queda cerca a la frontera con Brasil", acota la abogada de Aidesep.

Por tanto, su defensa legal ha enfatizado la necesidad de que la justicia no sea abordada únicamente desde una perspectiva civil o penal, sino que considere una reparación integral conforme a los estándares de justicia con los que cuentan los pueblos indígenas. "Se ha solicitado el aumento de la reparación porque, en primera instancia, no se valoró el impacto que generó el asesinato de los líderes y autoridades indígenas para la comunidad, quienes justamente fueron silenciados por defender su territorio", sentencia la defensa.

Próxima audiencia se escucharán los alegatos de los condenados

En los próximos días, durante la audiencia de apelación, se escucharán los alegatos de la defensa de los condenados, así como las declaraciones de los propios sentenciados. Según un testigo protegido, los hermanos Segundo y Josimar Atachi, José Estrada, Hugo Soria y el ciudadano brasileño Eurico Mapes —aún prófugo— atentaron contra la vida de los líderes "por denunciar lo que defendían: el bosque, la naturaleza".

“Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, un bocón (…) Salieron a agarrarle cuando él (Chota) estaba marcando un teléfono. Entonces le han ahorcado, le han golpeado contra el teléfono (…) Luego, dentro del local, el señor José Estrada se levantó con su arma, salieron todos y le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea, aunque sea en su propia casa, que no iba a escapar (...)”, narró lo dicho por el testigo la jueza Ana Bedoya Maque, tras confirmarse, en abril del 2024, la condena de 28 años, emitida por la Corte Superior de Justicia de Ucayali

Sin duda, el Caso Saweto podría marcar un precedente histórico en la defensa territorial ejercida por los líderes indígenas. Las siguientes audiencias están programadas para los meses de julio y agosto. Según el artículo 425 del Código Procesal Penal, la Sala deberá emitir sentencia en un plazo máximo de diez días después de la última sesión de la audiencia.

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