Gobierno dispone prórroga por 60 días del estado de emergencia en Pataz con reanudación de minería formal
La prórroga incluye un nuevo horario de inmovilización social de 22:00 a 05:00 horas, facilitando la reactivación del sector minero, clave para la economía local.
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El Gobierno ha decidido extender el estado de emergencia en la provincia de Pataz por 60 días, permitiendo la reanudación de las actividades mineras. Esta medida tendrá vigencia desde el próximo 8 de junio, de acuerdo al ministro de Defensa, Walter Astudillo.
La decisión se enmarca en el Decreto Supremo que establece la continuidad de las actividades mineras en la zona, asegurando que las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno. “El día de hoy se ha aprobado el Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia en la provincia de Pataz”, afirmó Astudillo.
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Prórroga por 60 días el estado de emergencia en Pataz
Como parte de las nuevas disposiciones, se ha modificado el horario de la inmovilización social obligatoria, que ahora será de 22:00 a 05:00 horas. Esta medida busca facilitar la reactivación de la minería, un sector vital para la economía local. Durante la mesa de diálogo, se escucharon las voces de las autoridades y representantes de organizaciones sociales, quienes solicitaron la reanudación de las actividades mineras.
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El ministro Astudillo destacó que la prórroga del estado de emergencia fue implementada para proteger a la población y que se ha logrado restablecer el orden interno en Pataz. “Se ha recuperado el principio de autoridad y atendiendo el buen comportamiento de la población, así como las empresas y mineros artesanales, el gobierno ha creído conveniente disponer la reanudación de las actividades económicas mineras formales”, indicó.
Las actividades se llevarán a cabo entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m., permitiendo así que los mineros en proceso de formalización puedan operar.
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Antecedentes de la medida del Gobierno
En mayo, el Gobierno había formalizado una primera extensión del estado de emergencia en Pataz, así como en las provincias de Trujillo y Virú, todas ubicadas en la región La Libertad. Esta decisión se tomó con el propósito de restablecer el orden interno en áreas gravemente afectadas por actividades ilícitas, como el tráfico de minerales, la extorsión y la presencia de organizaciones criminales.
Estas provincias han sido testigos de conflictos constantes debido a la lucha por territorios mineros, enfrentamientos entre grupos ilegales y demandas sociales por la inactividad de actividades económicas legítimas.
A pesar de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, surgieron críticas desde el gobierno local de Pataz respecto a la gestión del proceso. El alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, denunció el pasado martes 3 de junio que representantes del Ejecutivo abandonaron de manera abrupta una mesa de diálogo que se llevó a cabo el 29 de mayo, sin finalizar la sesión ni comunicar formalmente su salida.
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