La historia del último peruano en ser condenado a pena de muerte: ¿qué delito cometió y qué tuvo que ver el Gobierno de Chile?
Julio Vargas Garayar fue el último peruano ejecutado por pena de muerte en 1979, tras ser condenado por espionaje y traición a la patria. Su historia, rodeada de controversia, dejó huella en la historia del Perú y sus relaciones con Chile.
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El 20 de enero de 1979, la ejecución por fusilamiento de Julio Vargas Garayar quedó registrada en la historia del Perú como la última condena a pena de muerte en el país. Con tan solo 26 años, el suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), fue acusado de traición a la patria durante el régimen de Francisco Morales Bermúdez.
De acuerdo con la revista Caretas, Julio Vargas estudió durante su juventud en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, intentando iniciar allí su carrera militar. Sin embargo, su sueño se frustró debido a su baja estatura, por lo que comenzó una carrera técnica en mantenimiento y reparación de instrumentos de avión en el Centro de Especialización de la FAP (CEFAP).
Tras culminar sus estudios, estuvo a cargo de las guardias nocturnas en la Base de Pisco, pero fue retirado por insuficiencia profesional, tras desaprobar dos veces el examen de ascenso. Al volver a Lima, trabajó en la embajada de Chile, donde recibió un contacto del Gobierno chileno para un trabajo que luego le costaría la vida.
¿Por qué delitos se le condenó a Julio Vargas Garayar a pena de muerte?
Según los medios de la época, el exsuboficial FAP Julio Vargas Garayar fue detenido el 12 de octubre de 1978 cerca de la base aérea de Talara, acusado de ingresar a ella con fines de espionaje, por encargo de oficiales chilenos que habría conocido cuando lavaba autos y hacía limpieza en la embajada de Chile.
El caso resonó luego de que un buque chileno desembarcara en el puerto de Talara aquel mismo año con la excusa de abastecerse de combustible. Durante la visita, se descubrió a los oficiales militares chilenos capitán Sergio Jarpa y teniente Alfredo Andoázegui tomando fotografías de aviones de combate adquiridos por el Perú de la antigua Unión Soviética (URSS). Los detenidos sostuvieron que solo cumplían órdenes de Francisco Bulnes, entonces embajador de Chile en el Perú.
El presidente de ese entonces, Francisco Morales Bermúdez, ordenó la expulsión del diplomático y el inicio de una investigación, que se extendería con la denuncia al exsuboficial FAP Julio Vargas Garayar el 9 de diciembre de 1978. El 14 de ese mismo mes, el tribunal militar lo declaró culpable de haber entregado información confidencial y tomado fotografías con una cámara Kodak 125 de la base de La Joya, en Arequipa, a cambio de importantes sumas de dinero.
El 19 de enero de 1979 se confirmó la sentencia apelada, tras negársele el indulto que había solicitado. Julio Vargas fue condenado a pena de muerte y a pagar una reparación civil de S/100.000 a favor del Ministerio de Aeronáutica, con base en el artículo 54 de la Constitución de 1933, que regía en ese entonces. El 20 de enero de 1979 fue fusilado.
Portada de Caretas sobre la muerte de Julio Vargas Garayar. Foto: Caretas.
¿Qué trabajo le encargó el Gobierno chileno?
El Gobierno chileno quería recabar información sobre la ampliación del sistema de antenas ADF y HDF, ubicación y funcionamiento de los llamados ‘dedos de dispersión’, pistas de aterrizaje, ubicación de subterráneos y emplazamiento, fotos y planos de la base sureña de La Joya en Arequipa. Según la revista Caretas, esta tarea se cumplió desde agosto hasta octubre de 1978.
Hija de Julio Vargas Garayar defendió su inocencia
Años después de la ejecución de Julio Vargas Garayar, su hija, María Consuelo Vargas Chávez, defendió públicamente a través de su canal de YouTube la inocencia de su padre. En una serie de declaraciones, aseguró que su padre nunca fue un espía. Según su relato, Vargas Garayar se autoincriminó, tras sufrir torturas físicas y psicológicas durante el tiempo que estuvo detenido en 1978.
“Le pasaron corriente eléctrica, le hacían comer excremento, durante las noches lo llevaban a la playa y lo golpeaban. Lo tenían desnudo y dormía en el suelo”, señaló María Consuelo Vargas, denunciando que su padre fue sometido a tratos inhumanos. "Si mi padre hubiera sido culpable, entonces ¿por qué su padre y su madre vivían de la manera más humilde?”, indicó.
Exabogado de Vargas Garayar señala que fusilamiento fue para tapar corrupción
Según César Lozano, abogado defensor del exsuboficial Vargas Garayar, la versión oficial que lo sentenció por presunto espionaje a favor de Chile habría sido una cortina de humo para ocultar una red de corrupción descubierta por su defendido dentro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Lozano sostiene que Vargas nunca colaboró con servicios de inteligencia extranjeros y que su baja de la institución no se debió a un bajo rendimiento académico, sino que fue simulada como parte del encubrimiento. Así lo reveló en declaraciones al periodista Fernando Vivas para el diario El Comercio.
Según su testimonio, las autoridades del Ejército le impidieron ejercer su labor legal en momentos clave del proceso. "El 18 fui al local del Comando Conjunto, en la avenida Arequipa, donde sesionaba el Consejo Supremo de Justicia Militar. No me dejaban entrar. Yo gritaba que él tenía derecho a un abogado civil", afirmó el letrado, evidenciando graves vulneraciones al derecho a la defensa durante el juicio militar.
Además, denunció que al insistir intentaron apresarlo, pero la llegada de la prensa evitó que ocurriera. "Yo gritaba que él tenía derecho a un abogado civil. Me quisieron meter preso, pero llegó la prensa. Un coronel fue a consultar a los vocales del consejo. Me hicieron pasar, me prometieron que al día siguiente podía ver el expediente", mencionó. Sin embargo, indicó que le negaron el expediente porque "era reservado".
A pesar de que envió pedidos de clemencia al presidente, le señalaron que la respuesta tardaría 3 días. Al amanecer del día siguiente escuchó en la radio a Juan Ramírez Lazo informando que habían sido fusilado a Julio Vargas Garayar.
¿En que casos aplica la pena de muerte en el Perú en 2025?
De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993, la pena de muerte está permitida únicamente en dos casos específicos: por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra y por actos de terrorismo. Sin embargo, su aplicación debe estar en concordancia con las leyes nacionales y los tratados internacionales que el Perú ha suscrito y que constituyen obligaciones para el Estado.
