Gran despliegue policial en Machu Picchu al vencer la concesión del hotel Sanctuary Lodge
Más de 60 policías fueron movilizados hasta el hotel Sanctuary Lodge para contener posibles protestas; sin embargo, solo tres manifestantes se presentaron en el ingreso a la ciudadela incaica, a la espera de la decisión de las autoridades del gobierno regional
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El contrato de concesión del exclusivo hotel Sanctuary Lodge, operado por la cadena Belmond, venció este jueves 16 de mayo, generando tensión y un inusual despliegue de más de 60 efectivos policiales en el ingreso a Machu Picchu. La presencia masiva de uniformados, que se apostaron en la zona desde tempranas horas, sorprendió a los centenares de turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en la Maravilla Mundial, generando confusión e incomodidad.
Finalmente, solo tres manifestantes, miembros del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, realizaron un plantón pacífico con pancartas, exigiendo la devolución del hotel al Estado. “Exigimos la devolución de nuestro hotel”, manifestaron. Ante la evidente falta de altercados, los policías fueron reubicados a zonas menos visibles para evitar mayor impacto en la experiencia de los visitantes.
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La movilización respondió a solicitudes de la empresa Belmond, que, ante la posibilidad de protestas por el fin de su concesión, envió cartas al Ministerio Público, la Policía Nacional y a las municipalidades de Urubamba y Machu Picchu pidiendo resguardo ante cualquier eventualidad.
Una medida cautelar impide al Gobierno Regional de Cusco recuperar el hotel
Los vecinos de Machu Picchu pide que la empresa Belmond entregue la administración del hotel
El conflicto surge tras la medida cautelar otorgada por un juzgado civil de Lima, que ordena al Gobierno Regional de Cusco abstenerse de recuperar el bien público hasta que se resuelva el arbitraje que Belmond interpuso ante la Cámara de Comercio de Lima. La cadena hotelera, vinculada al alcalde de Lima Rafael López Aliaga, busca extender la administración del hotel por 64 meses, alegando pérdidas económicas por la pandemia de COVID-19 y protestas sociales.
Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa y exalcalde de Machu Picchu, cuestionó el despliegue policial, calificándolo de innecesario y costoso. “Este es un pueblo pacífico. Solo hemos venido con pancartas a expresar nuestro rechazo. No somos delincuentes, somos ciudadanos que defendemos nuestros derechos”, declaró. Además, reveló que actualmente existen 84 vecinos denunciados penalmente por haber participado en movilizaciones contra la privatización de la venta de boletos vía la plataforma de la empresa Joinnus.
“Hay temor en la población de protestar porque criminalizan nuestras acciones. Tenemos 84 denunciados por defender nuestros derechos”, agregó. Baca también criticó la inacción del gobernador regional Werner Salcedo. “Solo creó expectativas falsas. No hay un trabajo serio por parte de la Procuraduría Regional. La medida cautelar y el arbitraje actúan a favor de la empresa privada”, sostuvo.
La situación ha vuelto a poner sobre la mesa el rol del Estado en la fiscalización de concesiones, en especial en espacios de alto valor turístico como Machu Picchu.
