En los últimos 3 años se quintuplicaron las denuncias por extorsión

La extorsión en el Perú refleja una preocupante situación: en los últimos tres años se quintuplicaron las denuncias por ese delito. Mientras que en el 2021 se reportaron 4.761 casos, en el 2024 la cifra se elevó a 22.835, según las estadísticas del Ministerio Público a nivel nacional.

Es decir, solo en ese período, la extorsión creció en el país en un alarmante 379.62%.

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Ante la actual situación que afrontan los peruanos por este delito, diversas autoridades y expertos hacen un llamado al Gobierno a trabajar en la implementación de medidas más efectivas. Los estados de emergencia no pueden seguir.

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Periodo de violencia

Y es que cada vez son más variadas las formas que los criminales están hallando para extorsionar.  Las cifras son escalofriantes: del 2016 al 2024 fueron 86.373 delitos de extorsión denunciados en los 34 distritos fiscales, más Ventanilla.

Negarse a pagar cupos a las bandas que están tomando el control de las economías ilegales va en aumento, año tras año.

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En el 2016 hubo 5.883 denuncias. En el 2017 se registraron 5.225; en el 2018, 5.133; en el 2019, 5.172; mientras que en el 2020, durante la pandemia, descendió a 2.891. Para el año 2021 volvió a subir a 4.761; en el 2022 la cifra se disparó hasta los 12.077; en el 2023 se alcanzó las 22.396 denuncias; y en el 2024 se batió el récord, con 22.835 demandas por extorsión.

Lima, Callao, La Libertad y otras regiones del país han vivido meses de tensión a causa de la ola de inseguridad que tiene acorralados a los peruanos.

Ataque con explosivos

No obstante, una modalidad delictiva en particular ha encendido las alertas de las autoridades: el uso de explosivos para amedrentar y extorsionar a comerciantes, empresarios, microempresarios, transportistas, estudiantes y amas de casa.

La noche del último martes, desconocidos arrojaron un artefacto en la calle Conray Grande, en la urbanización Parque Naranjal, dejando un auto destruido y al menos siete viviendas afectadas, en Los Olivos.

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Todo parece indicar que se trataría de un nuevo caso de extorsión. Testigos aseguraron que dos sujetos en una moto llegaron al lugar y arrojaron una bolsa con explosivos.

Una sobrina del dueño del vehículo dañado descartó que se tratase de una amenaza hacia su familia o su persona.

Por ello, la principal hipótesis policial es que el objetivo del atentado habría sido amedrentar al dueño de un restaurante vecino, que estaría siendo víctima de extorsión.

Grandes pérdidas

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, el Perú pierde anualmente más de S/ 6.000 millones por el delito de extorsión. Además, la inseguridad nos cuesta 3 % del PBI, lo que equivale a S/ 35.000 millones.

“La extorsión no va dirigida a sectores de gran capacidad económica, se centra principalmente en las periferias de la ciudad, donde no hay casi control ni presencia de las fuerzas del orden y que son espacios muy vulnerables por la informalidad”, refiere Erika Solís, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEH) de la PUCP.

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Los investigadores aseguran que no solo se trata de prestamistas del ‘gota a gota’, sino de bandas criminales, de peruanos y extranjeros, dedicados a la extorsión y el sicariato.

No obstante, advierten que este delito es uno de los que más subregistros tiene, pues usualmente las víctimas están amenazadas y tienen miedo de  ir a la comisaría.  Solo el 25 % de las víctimas de extorsión hacen efectiva sus denuncias, según cifras del Ministerio del Interior.

“El fenómeno de la extorsión ha alcanzado niveles críticos, donde no solo los transportistas sufren las consecuencias, bodegueros, ambulantes, hasta artistas son también afectados”, dice el coronel (r) Jorge Mejía, especialista en criminalidad.

Pago de cupos

De acuerdo con un informe de la PUCP, el año pasado, siete de cada 10 transportistas fueron extorsionados en el país.

Por el lado de los comerciantes, de los 23.000 bodegueros, la mitad de ellos viene siendo extorsionado. Un negociante de Gamarra puede pagar entre 100 soles y 5.000 soles para poder trabajar “tranquilo”.

Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el año pasado casi 300 obras de construcción estuvieron paralizadas o afectadas. Esto ocasionó que solo en el primer semestre del 2024, se registrara S/ 1.000 millones en pérdidas. Todo está en crisis.