Sale ley de licenciamiento perpetuo de universidades
Cuestionamientos. Expertos dicen que con nueva modificación de Ley Universitaria se quita la motivación para que instituciones superiores sigan creciendo en calidad.
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El Ejecutivo publicó la modificatoria de la Ley Universitaria que otorga el licenciamiento permanente a las universidades, lo que le quita a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) Universitaria una de sus principales funciones.
Actualmente, el licenciamiento dura entre 6 y 10 años, pero con la nueva norma será permanente, “siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad”.
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Además, establece otro cambio: la modalidad de enseñanza virtual, que ahora podrá comprender hasta el 100% de los créditos académicos.
Al respecto, los exministros de Educación, Ricardo Cuenca y Daniel Alfaro, criticaron la modificatoria de la norma, pues se pierde el incentivo de mejorar las condiciones básicas de calidad de las universidades.
Según Alfaro, la norma no es clara en la parte en que dice que se va a auditar cada 3 años, porque no se menciona qué consecuencias traerá esa verificación. “Se entiende que cuando hablan de licenciamiento permanente es que ya no se le puede quitar”.
Y eso es lo malo porque “se necesita todavía una motivación fuerte para seguir mejorando y justamente esta ley está quitando esa motivación”, dice.
Existen otros mecanismos que hubiesen logrado el mismo espíritu de la ley sin la necesidad de reducir ese incentivo de mejora, señala. Por ejemplo: “plazos más largos o aceptando la acreditación de organismos internacionales”.
Alfaro recuerda que el licenciamiento les permitió a las universidades públicas sustentar recursos para la mejora de la calidad, y ahora con la modificación de la norma ya no van a tener la necesidad de sustentar estas condiciones.
Además, advierte que hay intereses de los partidos políticos que integran el Congreso, y que no se está legislando en favor de los estudiantes.
El fin de la reforma
En tanto, Ricardo Cuenca sostiene que “se confirma lo que ya sabíamos: el Ejecutivo y el Congreso acabaron con la reforma universitaria”.
Asegura que la norma debilita a las universidades públicas, pues al no tener que volver a licenciarse, probablemente no van a contar con un presupuesto adicional
Agrega que la actual Sunedu ha demostrado que sus supervisiones no tienen ninguna consecuencia. “El sentido del licenciamiento de la Sunedu ya no existe y entonces, cualquier cosa que hagan será lo mismo que pasaba como la ANR, no habrá consecuencias”.
En esa línea, Jorge Mori, director del centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), apunta que se ha desaprovechado una oportunidad de vincular el licenciamiento con la acreditación. “Creemos que hay que estar atentos a la reglamentación, porque la propia norma establece que el licenciamiento es permanente siempre y cuando se cumpla algunos mecanismos de supervisión y fiscalización”.
Y el exviceministro de Educación José Luis Gargurevich, se sumó a las críticas al señalar que “hacer del licenciamiento solo un acto, una puerta de entrada con autorización permanente, sin ninguna condición de mejora para el futuro, es la última estocada al sistema de aseguramiento de la calidad universitaria”.
Dijo que la norma reduce el rol de vigilancia de la Sunedu a su mínima expresión.
También cuestionó que el Ejecutivo no haya observado la ley. “El Estado ya no tiene que financiar calidad porque ya no hay renovación del licenciamiento. Condena a las universidades públicas al desfinanciamiento”.
Carreras virtuales
Y sobre el 100% de virtualidad, Mori pidió a la Sunedu una adecuada reglamentación. Alfaro, en tanto, señaló que lo importante es que cuando se migre a la virtualidad no solo se cuente con las condiciones, sino que los docentes sepan y los estudiantes tengan competencias adecuadas. Y Cuenca advirtió que podría haber brechas, pues no todo el país tiene conectividad.
En pared
Coincidentemente, el nuevo consejo directivo de la Sunedu eliminó sus direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización desde el 1 de agosto.
