Vive en hospital más de 1 año: ingresó por fractura y terminó con hueso de pierna recortado

Pedro Rony Ruiz Saldaña es un agricultor tarapotino de 60 años de edad dedicado a cosechar café en la región San Martín. Él había sufrido un accidente de tránsito años antes y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente: se le implantó un perno en la pierna derecha. En 2022, llegó a Lima y vivía en un cuarto alquilado en San Antonio de Jicamarca en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, no se iba a imaginar que una noche, cuando retornaba a su domicilio, un grupo de ciudadanos extranjeros iba a atacarlo, y, al no encontrarle ningún objeto de valor, lo patearon en la pierna que había sido sometida a operación.

"Cuando me patean, ahí se mueve el pernito. Yo podía caminar normal, pero ese perno me había hecho una bolita en el fémur", cuenta a La República. Tras el ataque, el adulto mayor fue a la posta de Jicamarca, donde lo derivaron al hospital de Ate y, en dicho establecimiento, lo transfirieron otra vez al Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU). En este último centro de salud empezó su pesadilla: el 29 de noviembre fue operado por la fractura y luego llevado a terapia física. En esas sesiones fue donde ocurrió la presunta negligencia médica: se había roto un pedazo del hueso operado.

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La razón que le dieron al señor Pedro fue que "solo se había movido el injerto (de hueso)" y que debían intervenirlo en la cadera para reemplazarlo. Para ello firmó un consentimiento aceptando la cirugía. Sin embargo, luego del procedimiento le indicaron que su fémur había sido recortado, pero no precisaron la cantidad de centímetros. Al día siguiente, cuando se sacó la venda de la pierna, notó que una pierna era más grande que la otra. Ruiz Saldaña narra que rompió en llanto tras notar el resultado de la presunta negligencia. "Yo no tengo familia, ni quien me ayude", manifestó.

Denuncia malos tratos en Hospital Bravo Chico

El agricultor de 60 años menciona que sus compañeros de camilla le ofrecieron apoyarlo con soporte legal, él aceptó y en plena diligencia de evaluación de su historia clínica, Jesús Aníbal Días Orejón, jefe del área de traumatología y médico quien lo operó le ofreció un procedimiento de alargamiento de fémur y lo exhortó a que denunciara al fisioterapista porque en él recaía la responsabilidad de haber sido operado. Asimismo, lo invocó a denunciar también a una enfermera por los malos tratos que recibía durante su estadía de meses en el nosocomio. "Cuando se entera que mi caso se ha judicializado, recién me dice para que alargue mi pierna", sostuvo.

Ruiz Saldaña denuncia que ha sido víctima de maltratos en el hospital conocido también como Bravo Chico, por parte del personal de salud. Él había pedido un apoyo para que pueda cobrar un bono del Estado por el que salió beneficiado en compañía de una persona, pero solo ha recibido gritos y la jefa de enfermeras, Diana Orreaga, le prohibió la salida pese a que poseía un permiso: "Aquí mando yo, de aquí no me sale nadie. A mí no me importa que no tengas familia. Si quieres cobrar tu bono, firma tu alta, agarra tus cosas y lárgate porque estás ocupando una cama por gusto, me dijo".

Otro de los maltratos recibidos vino de una licenciada, quien le aseguró que su sola presencia le causaba repulsión y que, tras unos días, le ofreció llevarlo a su casa en Ica para que le "baldee los baños" a cambio de un plato de comida porque lo calificó de inválido y nadie le iba a ofrecer trabajo. En esa misma línea, otras técnicas de enfermería lo acusan de que "le gusta vivir mantenido por el Estado" y que por eso no lo retiran del centro de salud. Ruiz Saldaña afirma que está siendo víctima de hostigamiento porque no le brindan medicamentos, no le tienden su cama, entre otras represalias.

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Un llamado al Ministerio de Salud

El adulto mayor menciona que le han ofrecido usar un zapato ortopédico para poder volver a caminar bien, pero él es consciente de que no es cierto. "Me han dado un zapato, dice que mi vida va a ser normal, yo soy agricultor, vivo en la selva, allá no es normal". Él pide al ministro de Salud, César Vásquez, al ministro de Justicia y al presidente de la Comisión de Salud del Congreso que puedan atender su caso porque su situación es insostenible.

Se suponía que él debía retornar a San Martín en un vuelo gestionado por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) en febrero de 2023, pero este fue retrasado por la cadena de negligencias médicas que ha sucedido. Actualmente solo recibe el servicio de alimentación y el medio por el cual se comunica es un teléfono móvil regalado por un ingeniero que compartió internamiento con él.

Pedro pide apoyo también para que puedan proveerle un abogado porque no cuenta con defensa legal, ha intentado contactarse con algunos, pero solo recibe rechazos. "¿Quién me va a defender? Por medio de unos amigos me he conseguido al doctor Mario Arribas y me está ayudando para hacer justicia. No puedo seguir viviendo aquí, prácticamente me han dejado inválido", puntualizó. Añadió que ha recibido una visita de un representante de la Fiscalía de El Agustino.

La República se contactó con el Hospital Hipólito Unanue para conocer sus descargos respecto a las acusaciones hacia su personal de salud; sin embargo, manifestaron que, al ser un caso antiguo, deben recurrir a revisar el archivo del mismo y que se contactarían con nosotros.