Aumentan los robos y homicidios perpetrados por jóvenes

La última semana de febrero, un joven de 17 años ingresó a un restobar de Los Olivos para asaltar a los comensales con una réplica de pistola, pero uno de ellos que estaba armado le disparó y acabó con su vida. En Chimbote, el 14 de marzo, otro menor de 17 años disparó y mató a un vecino durante una reyerta por cupos de trabajo en unas obras que se realizaban en su barrio. Son historias distintas, pero el mismo problema: delincuencia juvenil.

Un informe publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ‘Perú: anuario de la criminalidad y seguridad ciudadana 2018-2022’, señala que a fines del 2022 se habían registrado 2.668 casos de niños, niñas y adolescentes que habían cometido delito contra el patrimonio (hurto, robo, estafa, apropiación ilícita), la infracción más recurrente. Fueron 600 casos más que los registrados el 2021.

El mismo documento da cuenta de que el número de niñas, niños y adolescentes retenidos en distintas instancias (juzgados de familia, centros preventivos, etc.) por cometer alguna infracción pasó de 966 en 2021, a casi 5.000 en 2022. Es decir, se quintuplicó. Las cifras indican que el 2023 —ya con el fin de la pandemia— las cifras de conductas delictivas son mayores y el problema ha vuelto a niveles prepandémicos.

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A fines del año pasado, los nueve Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación que hay en el país albergaban a 1.862 jóvenes. Aquí las cifras de los tres delitos que más se repiten entre los detenidos: 977 de ellos cometieron delito contra el patrimonio (hurto agravado, robo agravado, extorsión), 398 contra la libertad (violación sexual y violación de menor de edad), y 198 delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio simple, homicidio calificado y lesiones graves).

Teniendo como base el documento ‘¿Cómo están los Centros Juveniles?’ (Indaga, 2023), que recoge la información de un censo hecho el 2022 entre los menores infractores de tres centros juveniles y comparándola con los resultados de un censo similar hecho el 2016, el sociólogo Alfredo Huaytalla ha encontrado algunas tendencias en este tema.

Señala, por ejemplo, que se ha alterado la composición de los adolescentes infractores y han aumentado las infracciones de alto impacto. Hoy —un dato que sorprende— el 60% de los internos tiene 18 años o más porque algunas penas son de varios años. También hay mayor presencia de internos extranjeros, principalmente de Venezuela, Colombia, Brasil y Uruguay. Esta presencia pasó de 0,4% a 7,6%.

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Los delitos de alto impacto  que se han incrementado son el homicidio (2%), la violación (4,8%) y el secuestro (0,4%).

Sobre las causas que llevan al delito a los menores infractores, menciona que el consumo de drogas previo al ingreso a un penal ha aumentado. Consumen marihuana, cocaína, pastillas e inhalantes. El entorno también influye: gran parte de los menores indicaron que tenían amigos infractores, un porcentaje dijo que algún familiar estuvo en un penal o centro juvenil, otros señalaron que había pandillas en su barrio y casi la mitad dijo que portaba un arma cuando cometió el delito.

“Se pueden identificar una serie de importantes factores de riesgo (pares antisociales, ausencia de familia pro social, entorno delictivo, uso de armas) que, si bien no se han incrementado, se mantienen sin grandes variaciones (en los últimos años)”, indica Huaytalla.

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El mismo censo recoge las voces de los jóvenes acerca de cómo rehabilitarse y reinsertarse a una vida tranquila. Señalan cuatro respuestas: continuar con sus estudios (28,6%), cambiar su lugar de residencia (22,7%), encontrar un empleo (22,4%) y recibir apoyo familiar (19,7%). Los propios adolescentes sugieren una salida para cambiar su destino.

Buscando un cambio

En los tres primeros meses de este año, la Policía Nacional ha detenido a 125 menores de edad por robo, tráfico de drogas y extorsión. Al menos, 40 de ellos cayeron con armas de fuego en su poder. No obstante, solo se les considera infractores. Sus penas son menores que las que le corresponderían a un adulto. Esto último es aprovechado —según expertos y la propia policía— por bandas organizadas que los reclutan como sicarios o les encargan tareas que podrían costarle varios años de cárcel a una persona mayor de edad.  

¿Cómo prevenir que ocurra esto? En noviembre pasado, el Ministerio de Justicia presentó el documento ‘Política nacional del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal al 2030’, que tiene como principal objetivo frenar la trayectoria delictiva de adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Se busca fortalecer factores protectores en la población adolescente, como la familia, la comunidad y las instituciones educativas y de salud; y la implementación del Código de Responsabilidad Penal de adolescentes, a través de estrategias y programas destinados a brindarles salidas alternativas y restaurativas al proceso judicial”.

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Como parte del proceso de reinserción, la justicia contempla para los menores medidas de internamiento y medidas socioeducativas en libertad.  Cuando no hay confinamiento, el menor puede estar sujeto a reglas de conducta como no cambiar su dirección o viajar sin permiso, y participar en las reuniones y actividades que establezca el Servicio de Apoyo al Adolescente, del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronadej) del Minjus. Lo que se busca es volver a reinsertarlo en un ámbito educativo, laboral y comunitario.

Otro organismo, Unicef, señala que un sistema de justicia especializado en jóvenes debe tener un enfoque centrado en la prevención del delito, antes que uno basado en la represión y el castigo. “Es importante que los Estados implementen políticas públicas orientadas a la reinserción social, que ofrezcan a los adolescentes oportunidades de desarrollo y cumplimiento de sus derechos —como la educación, la salud y la recreación— para la inclusión en un proyecto de vida que los aleje del delito y los riesgos que esto implica”. Por el momento, ese objetivo no se está logrando.

Dato

7,1% de los infractores del Programa de Centros Juveniles son mujeres.

Trabajo comunitario

Se debe hacer en días que no perjudiquen otras actividades del infractor, como acudir a clases.

403 jóvenes participan en el Programa de Asistencia Posterior al Egreso, del Minjus.