Mineros artesanales exigen al Congreso derogar norma que los criminaliza

Mineros artesanales marcharon a nivel nacional con el fin de exigir acciones para formalizarse. En Lima, delegaciones de diversas regiones del país se movilizaron hasta la avenida Abancay, muy cerca del Congreso, donde realizaron un plantón con la exigencia de que se anule la parte del decreto legislativo 1607 del Ejecutivo sobre crimen organizado que alcanza al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Dicha norma autoriza a la Policía a aplicar medidas de interdicción ante la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos, cuando advierta actividades mineras por parte de personas con inscripción suspendida en el Reinfo.

Con pancartas y banderolas, los mineros empezaron su marcha en el Campo de Marte. Desde allí partieron, hombres y mujeres, la mayoría con sus cascos de trabajo en la cabeza, para solicitar que dejen sin efecto el decreto legislativo 1607 del Ejecutivo.

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Jaime Apolaya, de la Base de Santa Lucía-Lucanas, en Ayacucho, señala que están exigiendo que el Gobierno derogue la última disposición de dicho decreto que, según dice, convierte en delincuentes a los mineros informales a partir del 21 marzo. Y es que el 20 vence el plazo para la inscripción en el Reinfo.

“El plazo de formalización según la ley termina en diciembre del 2024. Queremos que se respete este plazo. ¿Por qué el Gobierno lo quiere terminar antes con un decreto legislativo para favorecer a grandes intereses?”, manifestó.

Una comisión logró ingresar a la sede del Parlamento para exponer la problemática por la que están atravesando y exigir ser escuchados.

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Llegaron delegaciones de Arequipa, Puno, Ayacucho, La Libertad (Pataz). Precisamente, de este último lugar es Clever Capa Ugarte, quien pide que se derogue la norma porque “afecta a los mineros artesanales de todo el Perú y favorece a los mineros empresarios”.

“Quiero decirle al Congreso mafioso y corrupto que deje de hacer sonseras, que se dedique a trabajar por una mejor ley; que dé el beneficio a nuestros agricultores, a los ganaderos, que es la prioridad. Gracias a nosotros tienen un sueldo que cobrar, pero para que hagan las leyes a favor, y no en contra, como lo hacen ahorita”, demandó.

Paro indefinido

Mientras tanto, en la ciudad de Puno, la plaza de Armas fue tomada de manera pacífica por mineros informales que llegaron de la Rinconada y otras zonas para pedir que se derogue el decreto legislativo 1607, y señalan que, de lo contrario, van a radicalizar sus medidas e irán a un paro indefinido.

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Edgar Monroy, representante de la Central de Cooperativas Mineras de La Rinconada y Lunar de Oro, sostuvo que ese decreto legislativo criminaliza a la pequeña minería, pues cualquier minero que maneje explosivos y no esté con la inscripción de Reinfo vigente será penalizado.

“Esta normatividad tiene nombre propio, es del consorcio Poderosa, que es de Pataz, y ahora ha sido ampliado a nivel nacional. Nos quieren ver a todos los pequeños mineros como criminales”, dijo.

Aunque admitió que “Rinconada es una bomba de tiempo, que la inseguridad es inmensa”.

El dirigente agregó que es muy difícil que puedan cumplir con tener contratos firmados con los concesionarios antes del 20 de marzo, y sostuvo que más bien exigen que se cumpla la Ley 30088, que les amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de este año.

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Monroy aseguró que, si no han podido culminar con el proceso de formalización y se ha necesitado varias ampliaciones, es por responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, que solo ha hecho mesas de trabajo, pero no un plan general para solucionar el tema.

Ejecutivo autorizó a PNP a intervenir

A fines de diciembre del año pasado, el Ejecutivo promulgó el decreto legislativo 1607 sobre crimen organizado, que faculta a la Policía Nacional a realizar acciones de interdicción a quienes realicen actividades mineras informales usando de explosivos, específicamente a quienes tengan su inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La norma fue anunciada por el Gobierno después del ataque sufrido por la minera Poderosa, en la provincia norteña de Pataz, que dejó 10 trabajadores muertos.