Presidente de la ATU renuncia al cargo tras denuncia en su contra por colusión

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), José Aguilar Reátegui, presentó su renuncia al cargo luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por colusión agravada. El funcionario habría presuntamente favorecido a una empresa a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel) durante el gobierno de Martín Vizcarra. Así lo informó un reportaje de Panorama.

De acuerdo al informe periodístico, el hecho ilícito se habría cometido cuando este era secretario técnico del Fitel. En tanto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, informó sobre la declinación a través de una conferencia de prensa. "El día de ayer hubo un programa periodístico que hizo una serie de menciones al presidente actual de ATU. El día de hoy está presentando su renuncia y creemos que es mejor que este proceso se dé no estando dentro de la institución, para que él pueda hacer los descargos que correspondan”, sostuvo.

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La denuncia por colusión agravada

La acusación contra Aguilar se debe a su supuesto favorecimiento a la empresa Gilat Networks Perú SAC con un contrato valorado en más de 500 millones de soles en 2018. La Fiscalía sostiene que Aguilar fue colocado en el cargo en la etapa final del concurso público para la adjudicación del proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con el propósito específico de asegurar que Gilat obtuviera los proyectos​​​​​​.

En la tesis fiscal se menciona sobre Aguilar: “Haber aceptado el cargo de secretario técnico del Fitel de manera direccionada, con el único objetivo de encargarse de la etapa final y conseguir que Gilat pueda hacerse con los proyectos que fueron despojados ilícitamente al consorcio GMC Conecta”. De acuerdo a la investigación fiscal, Gilat había ocupado el segundo puesto en el concurso público, pero, aun así, con ella se realizó la firma de contrato.

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Pronunciamiento de José Aguilar tras denuncia

A través de un comunicado, Aguilar rechazó que haya existido un direccionamiento o favorecimiento a alguna empresa en los procesos de licitación. Aseguró que no tuvo intervención en el proceso a cargo de ProInversión.

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Involucrados en denuncia forman parte de red criminal

La presunta comisión del delito de colusión por parte de Aguilar se dio durante la gestión de Martín Vizcarra como presidente del Perú y de Edmer Trujillo como titular del MTC. Ambos exfuncionarios son acusados de pertenecer a la presunta organización criminal Los Intocables de la Corrupción. Dicha red es sindicada de favorecer a empresas en obras públicas.

Esta red habría operado principalmente en el ámbito de Provías Descentralizado, una entidad adscrita al MTC, entre marzo de 2018 y diciembre de 2020. Entre los principales implicados, junto con Vizcarra, se encuentran Edmer Trujillo, Carlos Estremadoyro y Carlos Revilla Loayza, quien fue director ejecutivo de Provías Descentralizado.

Otros nombres relacionados con la organización incluyen a Hugo Misad Trabuco, asesor en Provías, y Elizabeth Ugarte Manrique, coordinadora en la misma entidad. Además, se menciona a Alcides Villafuerte Vizcarra, Juan Torres Enciso Torres, Hugo Javier Meneses Cornejo, entre otros. La operación que llevó a la detención de varios miembros de esta presunta organización fue realizada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Comunicado de la empresa Gillat

La empresa Gillat emitió un pronunciamiento donde señala que “la investigación fiscal contra Aguilar Reátegui tiene como origen la denuncia presentada por una persona natural, que ocupaba el cargo de Gerente General de una de las empresas que conformaban el Consorcio GMC CONECTA, empresa que fuera descalificada en la licitación por incumplimiento de las bases del concurso".

En ese marco, sostuvieron que fuentes cercanas a la empresa indicaron que GMC CONECTA fue descalificado “por no presentar oportunamente (a pesar de que, dispuso de cinco meses) la documentación necesaria para suscribir el contrato. Documentos elementales como la constitución del consorcio como empresa, carta fianza, declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, copia de la resolución ministerial de la concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, entre otros”.

Asimismo, precisaron: "Mientras la investigación fiscal avanza, el consorcio ya ha experimentado un revés legal: La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista del 20 de julio del 2023 (Exp. 08384-2018-0-1801-JR-CI-02), desestimó el amparo que presentaron contra el otorgamiento de la buena pro, confirmando la validez del procedimiento seguido por Proinversión".