Abuso infantil: piden aborto terapéutico en Áncash e Ilo para dos niñas embarazadas tras violación

Otras dos niñas víctimas de abuso sexual se encuentran embarazadas en el Perú. Ambas tienen 11 años, son de provincia y fueron agredidas por sus padrastros, quienes siguen en libertad. A una, que tiene 19 semanas de gestación, según la ONG Manuela Ramos, se le habría negado el aborto terapéutico en el hospital de Ilo; mientras que a la otra, de 21 semanas, anoche se le trasladó de Áncash a Lima para ser evaluada en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).

En el último caso se trata de una menor que vive en una zona rural, en la provincia ancashina de Ocros. Entre lágrimas, su media hermana exige justicia y denuncia que Roy Cruz Lozano Castillén, padrastro y padrino de la víctima, abusaba de la niña y de su otra hermanita de 9 años.

La Defensoría del Pueblo indicó a La República que ambas estarían en estado de abandono. Asimismo, la niña de 11 años fue diagnosticada con anemia severa en el Hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz. Anoche, ella fue trasladada al INMP, donde una junta médica evaluará si procede un aborto terapéutico, como sucedió con Mila, uno de los últimos casos mediáticos.

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Así, el tiempo es vital porque la niña tiene 21 semanas de gestación y, según el protocolo, solo se le podría practicar el aborto terapéutico hasta la semana 22.

Sin apoyo de fiscal

Según la versión de su hermana mayor, luego de que se interpusiera la denuncia, el fiscal a cargo del caso, Wiliam Pineda, le entregó a la niña “por medidas de protección”, pero sin documento alguno que la respalde. Debido a eso, los doctores no podían realizar ningún procedimiento, pues necesitaban la autorización de la madre. “No tengo ni el DNI de mi hermana. Todos los días me la paso sentada en el hospital, no hay justicia”, contó la joven a Huaraz Noticias. También pidió a las autoridades que le realicen exámenes médicos a su otra hermana de 9 años.

Ella denunció que el fiscal no pidió la detención inmediata ni preventiva del agresor, justificando que no se trataría de un caso de flagrancia. Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respondió que ambas niñas ya están siendo acompañadas por personal del Centro de Emergencia Mujer. “Hemos sido muy céleres”, dijo Alberto Arenas, del MIMP.

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Una larga espera

El caso de la segunda víctima, también de 11 años, se dio a conocer por la ONG Manuela Ramos, la cual denunció que en el hospital de Ilo, en Moquegua, se le habría negado el aborto terapéutico. Sin embargo, esto fue negado por el director del nosocomio, Percy Salas, quien aclaró que ayer una junta médica estaba evaluando el caso.

Se conoció que la menor acudió con sus padres al hospital de Ilo por un cuadro infeccioso y allí se enteraron de que tenía una gestación de 19 semanas. Los progenitores habrían pedido que se aplique el aborto terapéutico.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo anunció que están supervisando la “actuación de las instituciones a fin de que se garantice una atención integral”.

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Sobre este último caso, Lilia Ramírez, vocera de Manuela Ramos, resaltó que las juntas médicas “no tienen por qué demorarse demasiado”, ya que podrían acelerar el proceso empleando la tecnología, pues cuanto más tiempo pase mayor es el riesgo.

“El acceso al aborto terapéutico es inmediato, porque ya tenemos la información científica de que las niñas de esa edad tienen cuatro veces más riesgo de morir que una mujer adulta”, explicó.

Por otro lado, sobre la situación de la menor en Huaraz, Mery Anccas, representante de la Defensoría, también pidió celeridad para que no se genere impunidad. “Ya hemos visto muchos casos en que no se dicta prisión preventiva y los agresores se dan a la fuga”.

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Reacciones

Lilia Ramírez, vocera de Manuela Ramos

“El acceso al aborto terapéutico es inmediato, porque ya tenemos la información científica de que las niñas de esa edad tienen cuatro veces más riesgo de morir que una mujer adulta. No hay que fallarles”.

Mery Anccas, vocera de Defensoría

“La intervención y la actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial debe darse de manera célere porque ya hemos visto muchos casos en los que no se dicta prisión preventiva y los agresores se dan a la fuga”.