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Sociedad

Juez dicta prisión preventiva contra tres militares por presunta colusión en Lambayeque

Fiscalía investiga a integrantes de la Sétima Brigada de Infantería de Ejército de Lambayeque por irregularidades en servicios de traslado y carga de combustible durante el 2022. Se dictó comparecencia con restricciones contra Acosta Bernuy. 

Acosta Bernuy fue traslado a la carceleta judicial. Foto: Clinton Medina / La República
Acosta Bernuy fue traslado a la carceleta judicial. Foto: Clinton Medina / La República

El juez Reynaldo Leonardo Carrillo, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, rechazó el pedido fi scal de nueve meses de prisión preventiva contra el general de brigada EP Henry Mario Acosta Bernuy y dictó comparecencia con restricciones con reglas de conducta. El jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército de Piura es investigado por el presunto delito de colusión agravada.

Fallo judicial

El fiscal anticorrupción José Guevara Gilarmas atribuye a Henry Acosta Bernuy y otros investigados haber presuntamente concertado con Jherson David Aguilar Quispe, gerente de Jharut Energy Gas, para defraudar patrimonialmente a la Sétima Brigada de Infantería del Ejército de Lambayeque, por la suma de S/53,703.42, en las contrataciones públicas para el servicio de transporte y movilización de combustible (fletes) diesel B5 a emplearse en el proceso de elecciones regional y municipal del 2022.

Así, ayer desde las 10.00 a.m., el magistrado Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, empezó con la lectura de la resolución del pedido de prisión preventiva.

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A comparación de Acosta Bernuy, el mayor EP Marco Antonio Ramos Viera, el técnico EP Marco Antonio Castillo Arteaga y la mayor EP Sarita Coral Yurissan Cornejo Sangama tuvieron un fallo desfavorable. El magistrado declaró fundada la solicitud de prisión preventiva de nueve meses contra ellos.

En el caso de Acosta Bernuy, el Ministerio Público de Lambayeque decidió apelar la decisión judicial, según un comunicado de Imagen Institucional.

En las audiencias realizadas el último fin de semana, el fiscal Guevara Gilarmas concluyó con la sustentación de sus argumentos. Afi rmó que a los investigados les correspondería una pena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, además de existir obstaculización y peligro de fuga.

De manera contraria, la defensa legal de Acosta Bernuy califi có como "exagerada" la orden de detención preliminar que se dictó en contra de su patrocinado por estar presuntamente involucrado en hechos de corrupción dentro de su institución. Unas posturas similares tuvieron los abogados de los otros militares implicados en este caso denominado Los Centinelas.

Hay que precisar que el requerimiento de prisión preventiva también incluía al comandante EP Cristian Saúl Jaime Torres, quien se encuentra en libertad. Para el análisis y el debate de la medida restrictiva contra Jaime Torres, el Poder Judicial deberá fijar fecha y hora para la audiencia.

Las personas mencionadas anteriormente fueron arrestadas preliminarmente el último 23 de agosto de 2023, con un plazo de siete días, que se prolongó de manera automática con el requerimiento fiscal.

Las personas que tienen la medida restrictiva de cárcel provisional fueron desplazadas al penal de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, a la espera del avance de las pesquisas fiscales.

Uno de los hechos imputados a los investigados es la contratación del servicio de transporte y carga de combustible (fletes) diesel B5 a emplearse en la segunda vuelta regional del 4 de diciembre de 2022, por un monto de S/ 10.328,50. También fi gura la contratación de un servicio con las mismas características para el segundo proceso de las elecciones regionales de 2023, por S/38. 685,40.

Por otro lado, otra de las imputaciones está relacionada con la contratación pública para el servicio de transporte y traslado de combustible en el proceso de elecciones regionales y municipales del 2 de octubre de 2022, por el monto S/ 13.458,37. La Fiscalía recabó diversas pruebas documentales, pericias y testimonios.