Deudos de muertos en Juliaca piden reconocer abusos
Tras informe de la CIDH. El drama continúa para familias de las víctimas de las protestas contra el Gobierno en Juliaca, quienes perciben que no hay avances en las investigaciones y se apuntaría hacia la impunidad.
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Por: Zenaida Zea Olivera
Han transcurrido casi 4 meses de las 18 muertes y más de 226 heridos por las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en Juliaca. Desde entonces, el clamor de justicia de los deudos y sobrevivientes no ha cesado, y con el informe de la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) exigen que el Estado admita su responsabilidad.
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El informe da cuenta de que hubo uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad para reprimir a las personas que participaban o circunstancialmente estaban en las protestas registradas por inmediaciones del Aeropuerto Inca Manco Cápac y otras zonas de la ciudad.
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Para las familias de las víctimas, este informe, junto con el de la organización Human Right Watch, constituyen un elemento importante para que el Gobierno reconozca el abuso en el que incurrieron las Fuerzas Armadas y Policiales al reprimir las protestas. Consideran que debe servir para que no se estigmatice a los fallecidos.
Según el abogado de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, Wilmer Quiroz Calli, luego de este informe se requerirá la formalización de denuncia contra efectivos de la Policía y se individualice la cadena de mando.
Dominga Hannco, madre de Nataly Aroquipa Hancco (17), lamenta que en este periodo no haya ningún acusado formalmente. “Vamos a luchar hasta el final”, dijo; solicitó, además, que la presidenta Boluarte y algunas congresistas dejen de lanzar calificativos denigrantes hacia las víctimas. “Ella no conoce cómo nosotros nos sentimos, no le interesa nada”, dijo Dominga; a la vez, pidió respeto a la memoria de su hija.
Asunta Jumpiri Olvea, madre de Brayan Apaza Jumpiri, asegura que desde que le arrebataron la vida a su hijo, de tan solo 16 años de edad, no ha dejado de llorar un solo día. “Él era mi soporte, me ayudaba a trabajar porque su papá se accidentó hace 5 años”, mencionó. El adolescente murió el 12 de enero luego de 3 días de agonía por un proyectil de arma de fuego en la cabeza. Su ilusión era postular a la Policía. “Los policías me lo han matado, pero mi hijo quería ser como ellos”, narró la desconsolada madre.
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Isabel Hancco y Hugo Mamani son los padres de Cristian Mamani Hancco, joven natural del distrito de San José (Azángaro), que se había abierto camino en la música en Juliaca. Claman ahora que el Gobierno reconozca que su hijo fue asesinado y castiguen a los culpables. Isabel señala que él recibió impactos de armas de fuego en el pecho, cuando estaba en el campo.
A la espera de justicia. Familias de los caídos en las protestas de Juliaca perciben que las investigaciones se retrasarán más cuando los casos vayan a Lima. Foto: LR
No se derivará a Lima
Ayer, la defensora de Pueblo, Eliana Revollar, se reunió con los familiares de los fallecidos y algunos heridos que expresaron su clamor a una justicia oportuna, y también su preocupación ante la posible derivación de la carpeta fiscal a Lima.
Revollar y su equipo se reunieron con funcionarios de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos para conocer las diligencias y confirmó que las investigaciones seguirán en Juliaca. Refirió que a pesar de la conformación del equipo especial de fiscales de Derechos Humanos en Lima, no será necesario que las familias de los agraviados ni sus abogados tengan que viajar a la capital para que el proceso siga su curso. Por otro lado, indicó que se hace el seguimiento de otras carpetas fiscales referentes a las muertes ocurridas en Ilave (El Collao) y Macusani (Carabaya).
No lo incluyen entre los afectados
El 9 de febrero, en la represión policial cerca al aeropuerto, José Silva Miranda perdió la mano izquierda luego de que le cayera un artefacto explosivo. El Gobierno no lo reconoce como agraviado y no recibió el bono a los heridos. Él dice que medios de Lima tergiversaron su caso.
Asevera que ni siquiera participaba de la protesta. Hoy, debe someterse a nueva cirugía para una prótesis que le costaría S/30.000. “Le cortarían 6 centímetros más de su muñeca”, afirma su esposa Carmen Rosa.
