Concejo de MPCh pide investigar caso de estafa
en contra. Regidores de Chiclayo lamentan decisión fiscal de liberar a mujer que ofrecía trabajos en la municipalidad por dinero.
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A 24 horas de su detención, la excandidata a regidora en Monsefú por el partido Juntos por el Perú, Franchesca Guzmán Rojas, acusada de cobrar dinero a personas a cambio de puestos de trabajo en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), salió en libertad, el último jueves. En este contexto, ayer en sesión concejo ordinaria y extraordinaria, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, volvió a deslindar de este lamentable suceso.
En su declaración ante los policías, la expostulante narró haber emitido 20 contratos y obtenido un beneficio económico de S/80.000. Para concretar el hecho ilícito, Guzmán Rojas dijo tener como cómplices a un regidor del ayuntamiento chiclayano y un trabajador del Gobierno Regional de Lambayeque.
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Para el regidor de la comuna provincial de Chiclayo, Orlando Puell Varas, corresponde a la Policía y el Ministerio Público realizar las investigaciones respectivas y determinar responsabilidades. No obstante, dijo calificó la detención de Guzmán Rojas como “un caso preocupante” porque demuestra que los partidos políticos no efectúan adecuados filtros para elegir a sus candidatos.
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“Esta persona ha tirado un manto negro a la municipalidad que preocupa, pero son las autoridades respectivas las que determinarán si hay o no más responsables. Si algún responsable tendrá que afrontar las consecuencias”, comentó Puell Varas.
Por su parte, el concejal Fernando Fernández Gil criticó que se le haya otorgado libertad a Guzmán Rojas ante la gravedad de los hechos y sus declaraciones. Anunció que evalúan tomar acciones legales por las declaraciones ofrecidas a la municipalidad. “Nadie puede salir y manchar honras y, después, quedar en libertad. Se ha tirado una acusación grave al concejo provincial que debe investigarse”, comentó Fernández.
Para la regidora Giovana Saburburú Torres, la declaración de Franchesca Guzmán Rojas genera suspicacias y requiere de pruebas contundentes para determinar responsabilidades. "Nosotros hemos llegado con la bandera de lucha contra la corrupción y no se puede permitir cualquier irregularidad. Si la señora ha declarado tal cosa, debe demostrarlo con pruebas para tomar acciones”, expresó.
