¿Qué proceso siguen los docentes denunciados por abuso sexual en el Perú?
Tan solo en 2022, se reportaron 1.498 casos de profesores denunciados por delitos contra la libertad sexual, según cifras de SíseVe del Minedu.
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En Perú, el inicio de clases escolares de este 2023 implicó una nueva oportunidad para que profesores que son investigados por el delito contra la libertad sexual aspiren a tener la posibilidad de ganar una plaza. Esto se vio reflejado en el pueblo indígena wampís, ubicado en Amazonas, luego de que 30 profesores que postularon al proceso de contratación docente presenten sanciones por la referida vulneración.
Eso demuestra que, a pesar de contar con una investigación por algún delito contra la libertad sexual, los educadores pueden continuar enseñando en las aulas o seguir con un puesto de otra índole dentro de la institución educativa.
Escolares en riesgo
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2020 y mayo de 2021, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD), del Ministerio de Educación (Minedu), abrió 112 investigaciones a profesores y personal administrativo por delitos de violación de la libertad sexual. De esa cifra, en 66 casos se aplicaron medidas de separación preventiva.
Tal como lo determina el reglamento de la Ley 29988 —que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas—, los denunciados fueron reasignados a una plaza administrativa para que no tengan contacto con los estudiantes, mientras se realiza la investigación. Durante ese tiempo, el Estado les sigue remunerando. Asimismo, este proceso no constituye sanción o demérito.
Otras veces, ni siquiera se continúa con dicho procedimiento. Según verificó la Defensoría del Pueblo, entre los años 2018 y 2020, el Tribunal del Servicio Civil emitió 101 resoluciones, en las que dejó sin efecto la medida administrativa impuesta al personal docente por prescripción, ya que los plazos de investigación y sanción se habían vencido.
Estas resoluciones han permitido el retorno a las aulas del personal docente agresor.
"A Servir le pedimos resoluciones del periodo 2018 - 2020 y nos alcanzaron 306, de las cuales 101 eran casos archivados por prescripción, es decir, por el paso del tiempo. La autoridad administrativa se demora más de lo debido, así que se sanciona con la prescripción y ya no se puede seguir con el caso. Es más de la tercera parte de casos que desaparecen por el simple hecho del pase del tiempo", declaró José Ordinola, representante de la Adjuntía de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo para La República.
¿En qué casos se separa definitivamente al personal docente?
En los casos en que el personal haya sido condenado por el Poder Judicial, se realiza la separación definitiva o la destitución en el sector público. Esto es de manera automática y se oficializa por resolución de la autoridad competente.
Asimismo, tiene un impedimento de ingreso o reingreso. “El personal docente o administrativo que ha sido sentenciado, con resolución consentida o ejecutoriada, por cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley queda inhabilitado de manera definitiva para ingresar o reingresar al servicio en las instituciones educativas. La inhabilitación es de alcance nacional”, precisa la norma.
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Más de 1.000 casos se reportaron en 2022
Según el portal Síseve, del Ministerio de Educación, en 2022, se reportaron 1.498 casos de violencia contra la libertad sexual. Solo ejecutaron 84 medidas disciplinarias resueltas por los órganos de control del Minedu. De esta cifra, nueve corresponden a un cese temporal sin goce de remuneraciones y 75, a destitución o despido. Si bien hubo procesos de retiro de la institución, aún hay personal con antecedentes confirmados de violencia sexual que continúa en las escuelas.
La República solicitó la versión del Ministerio de Educación sobre las medidas disciplinarias contra los docentes, pero hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.
Licenciada en Comunicación por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con interés en temas sociales y conflictos ambientales. Redactora de la sección Actualidad de La República.
