PJ sentencia a 28 años de prisión contra asesinos del defensor ambiental indígena Edwin Chota
Los homicidas, que además eran traficantes de madera, también acabaron con la vida de otros 3 líderes ahéninkas.
La República en GoogleEl Poder Judicial (PJ) sentenció a 28 años y 3 meses de prisión contra los traficantes de madera que asesinaron a Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, defensores ambientales ashéninkas de Ucayali, luego de nueve años de impunidad. Los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gómez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix también deberán pagar 200.000 soles por concepto de reparación civil por el atentado, también conocido como caso Saweto.
Los cuatro líderes indígenas fueron asesinados el 1 de septiembre de 2014 cuando se trasladaban a una asamblea en otra comunidad indígena en Brasil, para organizar la defensa de sus territorios que eran constantemente amenazados por la tala ilegal.
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En la imagen: Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima. Foto: Difusión
Tráfico de madera
Antes de ser asesinado, Edwin Chota habría realizado constantes denuncias contra los homicidas por tráfico de madera ante autoridades. Desde 2008, Chota hizo por lo menos tres denuncias y varias cartas ante la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y el Gobierno Regional de Ucayali, donde advertía de las acciones de los taladores en Saweto.
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Además, reportó las amenazas que él y los demás defensores ambientales recibían por parte de los extractores ilegales. Sin embargo, recién en 2014, funcionarios del Organismo Supervisor de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) se acercaron a la zona a realizar una evaluación en campo, donde también participó el líder ashéninka.
Años de impunidad
Tras el cuádruple asesinato en 2014, las esposas de los defensores ambientales viajaron hacia Pucallpa para demandar justicia a las autoridades, además de presencia policial para resguardar su territorio. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), también pidieron la sanción para los responsables.
Ante la falta de respuesta, en 2016, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también pidió acciones por parte del Estado. Así también, en 2017, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú se sumó al pedido en 2017.
Recién el 22 de junio de 2022, el Tercer Juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali inició el proceso judicial para los acusados.
Finalmente, este 16 de febrero de 2023, el juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a los delincuentes a 28 años y 3 meses de cárcel, además del pago de 200.000 soles.
