Penal de Chiclayo colapsó con 4.234 reos y decisión de ampliación depende de la población de Picsi
La Defensoría del Pueblo advirtió que las condiciones carcelarias son denigrantes. Afirmó que desde hace 8 años se frustra la emisión de la licencia de construcción por oposición del pueblo.
El penal de Chiclayo fue construido en 1987 en el distrito de Picsi (región Lambayeque) para albergar a 800 reos; sin embargo, con el paso de los años aumentó a 4.234 reclusos, lo que representa un incremento mayor a 400% y, por ende, hacinamiento y tugurización. Fue hace ocho años que el Ministerio de Justicia (Minjus) dispuso un presupuesto para la ampliación del recinto, pero la población se opuso. Esta decisión, a la fecha, sigue inalterable, mientras las condiciones carcelarias empeoran.
La Defensoría del Pueblo en Lambayeque realiza un seguimiento al desarrollo de este caso y sostiene que las condiciones carcelarias son inhumanas y denigrantes, por lo que considera que el penal de Chiclayo es una bomba de tiempo.
“Las cárceles en el Perú están hacinadas. La población penitenciaria vive en condiciones inhumanas y denigrantes. Sin duda, los reos deben pagar sus penas por los delitos que han cometido y con todo el rigor de ley, pero no significa que vivan en un penal que es una bomba de tiempo”, remarca Julio Hidalgo, jefe de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque.
El funcionario señaló a La República que la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario superó en exceso, lo cual pone en riesgo la seguridad, convivencia y atención de los reos, no solo a causa de su peligrosidad, sino también por el tema de salud.
Julio Hidalgo señaló que la nueva autoridad municipal tiene el reto de atender el problema de la informalidad. Foto: La República
Hidalgo sostiene que el penal de Chiclayo carece del sistema de agua potable, por lo que se abastecen del líquido elemento por horas. Además, su infraestructura está dañada.
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Rechazan cárcel cerca a viviendas
El deterioro del penal ha sido progresivo y el mantenimiento a su infraestructura no satisface las necesidades de la población penitenciaria. En esa línea, Julio Hidalgo, afirma que en 2016 el Ministerio de Justicia (Minjus) transfirió presupuesto para ejecutar un proyecto de ampliación, lo cual no se concretó, debido a que el dinero se destinó para la rehabilitación del penal de Tumbes.
La causa de la decisión del Ejecutivo fue porque la Municipalidad Distrital de Picsi no emitió la licencia de construcción debido a la oposición de la población que rechaza una cárcel cerca a sus viviendas.
Con el paso de los años, la decisión de la población no ha cambiado a pesar de los compromisos de las autoridades regionales y locales de impulsar obras como parques, sistema de saneamiento básico, pistas y veredas.
“No se puede decir que el proyecto de ampliación del penal de Chiclayo no tiene licencia social, debido a que no hay un fundamento jurídico o norma que así lo establezca. Lo que sucede es que el ayuntamiento no emite la licencia de construcción porque el pueblo se opone.
Es por eso que la Defensoría del Pueblo espera que las autoridades logren sensibilizar a la población de Picsi”, complementa Hidalgo.
Inversión de S/ 250 millones
Cabe indicar que el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez insistirá con un proyecto de S/ 8 millones en Picsi en el afán de que los pobladores acepten obras y permitan la obra de ampliación del establecimiento penitenciario.
En 2020, el Minjus informó que el proyecto de ampliación del penal de Chiclayo está valorizado en S/ 250 millones y comprende 2.500 unidades de albergue (celdas) para ejecutarse en el plazo de dos años.
