Está vivo después de muerto, por Juan De la Puente

Las dos preguntas más evadidas de la actualidad nacional son: ¿cómo será el Perú posneoliberal? y ¿cómo será el nuevo ciclo autoritario que se inicia el 28 de julio?

Las respuestas más a la mano a estas preguntas se resumen en dos ideas: que el neoliberalismo —colmado de mercantilismo— continuará vivo después de muerto, y que el próximo gobierno será la continuidad tácita del régimen que gobernó desde diciembre de 2022.

Es altamente probable que esos vaticinios no se cumplan y que, en cambio, el destino del gobierno que se instalará o reacomodará en breve realice un insospechado viaje que no borre su pecado original. Agregar lo económico-social y lo político, en este caso, es un recurso necesario, pero incompleto si, al mismo tiempo, no se descompone el código íntimo que comparten, impregnado de desigualdad. Si el régimen económico engendró un sistema distributivo injusto, el régimen político produjo un entramado autoritario, también injusto.

La actividad de opinantes zalameros y académicos dimitentes abunda en recetas tan comedidas como emotivas. Nos quieren vender como novedades las figuritas más manyadas del álbum. Sus recetas fracasaron desde 2015 porque llevan dentro el artefacto de la exclusión: shock de inversiones (especialmente en infraestructura), reducción de regulaciones, flexibilizar la consulta previa, asociaciones público-privadas a todo dar, frenar el gasto público y, si se puede, suprimir algunos ministerios. Hay un fantasma que recorre el Perú: el recetario de medidas para salvar al régimen económico, que no funcionaron y a las que no les modifican una coma.

En tono más estratégico, algunos pocos especialistas proponen acometer una agenda con los ojos puestos en el corto y mediano plazo (Diego Macera, El Comercio, 19/07), para lo que se requiere más política que figuritas gastadas y en la que se ubicarían dos temas de fondo: la formalización laboral y la descentralización. Ambas necesitan ser repensadas desde una perspectiva realista, más cerca de las recomendaciones de la OCDE que de los estudios de abogados corporativos.

No hay modo de relanzar o envolver con éxito para un consumo extendido el régimen económico-social que impuso el gobierno de A. Fujimori y que, luego de su caída, sobrevivió hasta mediados de la década pasada, cuando el fin del superciclo de los precios de los metales y la crisis política deterioraron la capacidad de los gobiernos para impedir, desde la legitimidad del relato neoliberal, las expectativas de igualdad y justicia.

La revisión de los datos suministrados por Latinobarómetro entre 2015 y 2025 sobre la relación entre el crecimiento y la estabilidad macro, por un lado, y la satisfacción social, por el otro, proyectó antes de la pandemia que dos tercios de los peruanos sostuvieron año tras año que la distribución de la riqueza en el Perú es injusta o muy injusta. Luego de la pandemia, que terminó de derribar la estantería del régimen económico, el reclamo distributivo se ubicó entre el 80% y el 85%. Ese reclamo se fortaleció con la desastrosa gestión estatal de los conflictos sociales. Recordemos que, en los grandes conflictos sociales de la última década, el Estado capituló porque no suministró alternativas autónomas respecto a la posición de las empresas, y que le fue mejor en los conflictos medianos y pequeños, donde asumió su papel de agente público con ideas propias.

Otra percepción sobre la injusticia distributiva es la respuesta a la pregunta sobre para quién se gobierna. En el citado período 2015-2025, entre el 84% y el 89% de los peruanos sostuvieron que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. La idea de la captura del Estado por los empresarios para su beneficio personal fue previa a la captura del Estado por los políticos depredadores.

Con los desastrosos gobiernos de Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar —los tres últimos digitados, sostenidos y alimentados por el Congreso— se legitima un contrarrelato económico que, aunque carece de medidas consistentes presentadas por la academia heterodoxa, desempeña un rol de resistencia y cuenta con nuevos y mayores argumentos sobre que los antisistema están en Lima y en el poder, y no en las comunidades. El contrarrelato económico fue decisivo en las recientes elecciones: no hay libertad de mercado, los consumidores no están protegidos, no hay disciplina fiscal y tampoco meritocracia.

Los economistas ortodoxos se dividen en este punto en dos grupos con porcentajes desiguales. La abrumadora mayoría, los comedidos asfixiantes, sostiene que el gobierno encontrará un escenario económico ideal e inmejorable y que lo único que debe hacer la presidenta es disparar a arco vacío y meter los goles. Esa prédica cala en los círculos de ejecutivos y empresarios que no están siendo alimentados con relatos balanceados. El otro es un grupo muy pequeño que se atreve a pensar fuera del mundo macro, reconoce el valor de las oportunidades actuales y alerta sobre riesgos: externalidades, desastres naturales y desastres políticos.

La injusticia política que, junto a la injusticia distributiva, forma el código íntimo del nuevo gobierno nos dice que no hay manera de que el gobierno de Fujimori sea la continuidad del régimen que gobernó los últimos tres años y medio, y que esa continuidad sea exitosa.

“Gobernó” es un decir. La misma presidenta ha reconocido que asumirá una administración en condiciones desastrosas, con lo que confirma que el 80% de los peruanos tuvimos razón cuando, luego de la caída de Castillo, exigimos elecciones adelantadas con dos propósitos: renovar la legitimidad de los poderes y renovar la legitimidad de la gobernanza democrática, es decir, la eficiencia.

El desorden y caos de la gestión pública que precede al próximo gobierno es también responsabilidad del partido que lideró el Parlamento en los últimos años. Más allá de que Fuerza Popular no reconozca su participación decisiva en el estado de cosas caótico, queda confirmada la imposibilidad de una síntesis virtuosa entre autoritarismo y eficacia, y que la promesa de insistir en la injusticia política no tiene futuro, más aún si se intenta forzar el orden sin libertad con los métodos cruentos ejecutados entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

En lo estrictamente político e institucional, los comedidos sofocantes no repiten el relato sobre el ruido político que debe ser suprimido, en el que sí se enfatiza cuando se habla de economía. Son creativos, proponen medidas audaces para garantizar la gobernanza: consenso a partir de las formas y no de los contenidos (haga gestos, presidenta, engañe), reconciliación sin mirar atrás (sea pragmática, presidenta, haga borrón y cuenta nueva) y ensanchar la base política del gobierno (presidenta, haga alianzas arriba, no abajo).

Es otro recetario del fracaso. Presumir que puede haber gobernanza sin suprimir las leyes procrimen y antiderechos, dejar intacta la captura del Estado, proseguir con la agenda de mano dura frente al auge criminal sin reformar radicalmente la Policía y continuar gobernando con los de Lima, desde Lima y a nombre de Lima, mirando por encima del hombro a los territorios, no conducirá al éxito.

Quienes sostienen que el problema de la nueva administración es que no saben qué tipo de gobierno necesita el Perú y qué tipo de gobierno están en condiciones de formular tienen razón. La injusticia económica y la injusticia política son una y se traducen en la principal señal del momento: la incertidumbre.

Para suprimirla, o por lo menos administrarla, se precisa de un ejercicio estratégico que ahora mismo parece impertinente porque destruiría el código íntimo del nuevo gobierno: acometer dos pactos para desarmar los injustos, un pacto distributivo y otro para recuperar la democracia.

Pero son palabras mayores y muy atrevidas. Imagínense: hablar de igualdad, devolución de derechos y de unidad para cambiar el país. Qué insolencia. Mejor que gobierne el que está vivo después de muerto. ¿Por qué hablar del futuro si el Perú está volviendo al pasado?