Caso Inti y Bryan: Investigación estará a cargo de la Corte Penal Nacional
Casación. La Corte Suprema definió la competencia jurisdiccional de la investigación sobre la represión policial y sus consecuencias en la marchas de noviembre del 2020.
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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema definió que la Corte Penal Nacional es competente para realizar el control de la investigación y, en su momento, realizar el juicio público, por el asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las marchas ciudadanas del 14 de noviembre del 2020.
Desde hace un año, este caso se encontraba paralizado, luego de que, ante un pedido de entrega de copias gratuitas del expediente, un juez y una Sala de Apelaciones de la Corte Penal Nacional se declararan incompetentes para ver este caso y dispusieran que se derive a un juzgado penal ordinario de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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La Corte Suprema estableció que ese pronunciamiento fue sorpresivo para las partes al realizarse de oficio y afectar el derecho de defensa.
Por lo cual, se dispuso que dicho caso, por su trascendencia, pues las marchas tuvieron repercusión nacional, provocaron la renuncia de un presidente y las acciones de la policía afectaron a un sin numero de personas, debe continuar en la Sala Penal Nacional.
De esta manera, se resolvió la contienda de competencia planteada por la Fiscalía Suprema en lo Penal. La resolución fue leída está mañana por el juez supremo titular César San Martín Castro.
Antecedentes
La audiencia de casación se realizó el 23 de noviembre, bajo la dirección del juez supremo César San Martín. El fiscal supremo adjunto Luzgardo Ramiro González explicó que sobre la entrega de copias ya se había producido una sustracción de la materia, pues en setiembre último se procedió a la entrega gratuita de las copias del expediente en formato digital.
El fiscal explicó que este es un caso que incluye a 11 investigados y más de 80 agraviados por delitos de asesinato, lesiones graves y abuso de autoridad en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, pues los eventos sucedieron en una marcha pacífica ciudadana.
Además de tratarse de una investigación compleja y sobre hechos de repercusión nacional, que entran en el catálogo de procesos que son competencia de la Corte Penal Nacional, cuyo origen justamente es el de procesamiento de casos de violaciones de derechos humanos.
Manuel Merino es investigado por el presunto delito de homicidio culposo por la muerte de Inti y Bryan. Foto: composición Gerson Cardoso/ La República
El abogado Juan José Santibáñez, defensa del policía que pidió las copias del expediente, señaló que ellos estaban de acuerdo con la posición de la Fiscalía para que el caso se vea en la Corte Penal Nacional.
Lo propio manifestaron los abogados de las víctimas, entre ellos Julio Arbizu. “El 14 de noviembre del 2020, un grupo importante de ciudadanos acudieron a ejercer su derecho a la protesta y fueron repelidos violentamente por efectivos policiales, lo que ocasionó la muerte de dos jóvenes y lesiones graves y leves a cientos de manifestantes”, subrayó.
Luego de escuchar al tribunal, que integran César San Martín Castro, Manuel Luján Túpez, María del Carmen Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez, anunciaron que darán a conocer su decisión el próximo martes 29 de noviembre en una audiencia pública.
Tras la decisión del Congreso de vacar al entonces presidente Martín Vizcarra y designar a Manuel Merino su sucesor, entre el 9 y 14 de noviembre se desarrollaron multitudinarias marchas ciudadanas en Lima y en las principales ciudades del país.
Las manifestaciones del 14 de noviembre en Lima fueron duramente reprimidas por la policía con el uso de bombas lacrimógenas y perdigones que provocaron la muerte de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado y diversos heridos con perdigones.
entierro jack pintado antonio melgarejo
El 15 de noviembre, Manuel Merino renunció a la presidencia y tras varias discusiones y enfrentamientos en el Congreso, Francisco Sagasti fue elegido presidente. El nuevo gobierno se comprometió a investigar el uso de la fuerza durante las marchas.
