Caso Inti y Bryan: exigen que caso sea declarado de interés nacional y se reanuden investigaciones

Los casos de asesinatos y represión policial de noviembre del 2020 en el que Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron podrían ser tratados como delitos comunes sin importancia nacional. Ello tras la suspensión de las investigaciones dispuesta por el Ministerio Público luego de que la Segunda Sala de Apelaciones Nacional indicara que lo ocurrido “no tiene ninguna relevancia pública”.

De pasar a una sala común, se negaría el marco de violación a los derechos humanos en el que se dio las protestas contra el entonces régimen de facto del acciopopulista Manuel Merino. Ahora está en manos de la Corte Suprema del Poder Judicial decidir el futuro de las investigaciones.

Quienes estuvieron inmersos en las marchas y fueron testigos de la brutalidad con la que se trató a los manifestantes se pronunciaron al respecto.

“Rechazamos la paralización de las investigaciones sobre los acontecimientos ocurridos durante las marchas de noviembre de 2020, pues los asesinatos de Bryan e Inti y 78 heridos producto de la represión policial representa un caso de interés nacional por la gravedad de los hechos, la conmoción que generó en la población y por el alto grado de las funciones que ejercían las personas que vienen siendo investigadas por el Ministerio Público, así como los que serán denunciados en instancias nacionales”, sostuvieron.

Protestas noviembre de 2020: ¿sin importancia nacional?

Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, detalló a este medio que “las reglas procesales determinan que este es un caso completo. Tiene 11 investigados, la ley dice que basta 10. Segundo, tiene 80 víctimas. Dice que no tiene una relevancia pública. ¿Al juez qué le pasó? Como consecuencia de esos hechos, cayó un Gobierno, tuvo que renunciar un presidente y todo un Consejo de Ministros”.

Este caso “sin relevancia pública/nacional” ameritó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH criticó el accionar policial por su arbitrariedad y expresó su preocupación debido a que, manifestó, las medidas de uso de fuerza fueron excesivas.

“Encontramos a través de distintos testimonios que recibimos, a lo largo de tres días de visita, que entre el 9 al 14 de noviembre se llevó a cabo una protesta social muy espontánea, muy libre, además, sumamente masiva y vigorosa; pero que lamentablemente hubo medidas de represión, hubo episodios de abuso del uso de la fuerza; y, el 14 de noviembre, hubo dos víctimas fatales y un alto número de personas gravemente heridas”, resaltó.

Por su parte, desde el colectivo Coordinadora 14N, se mostraron firmes en su posición: “La historia no se borra, basta de negacionismo. No queremos pensar que existe un intento de blindaje al intentar pasar el caso de Inti y Bryan y de los jóvenes heridos a un juzgado común, invisibilizando la complejidad del caso y la reacción que generó a nivel nacional e internacional”.

Defensoría: “El Estado tiene el compromiso de investigar exhaustivamente toda violación de DD. HH.”

La Defensoría del Pueblo también exigió que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema mantenga el caso como uno de interés nacional enmarcado en violación de los derechos humanos.

“A juicio institucional, resulta imperativo que el caso se mantenga en el sistema especializado de derechos humanos, siendo ello garantía de una investigación eficaz, que evite la impunidad”, se pronunció la entidad a través de sus redes oficiales.

Asimismo, recordó que el Estado debe velar por la investigación adecuada de las violaciones de DD. HH., especialmente si hubo asesinatos, como en el caso de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de afectaciones personales a decenas de personas. “Investigaciones no pueden continuar paralizadas”, destacó la Defensoría.