Sextorsión: ¿qué es y en qué contextos en más usual este delito en Perú?

En el 2019, una alumna de la Escuela Técnica de la Policía de La Unión, en Piura, denunció que un comandante PNP le solicitó favores sexuales para levantar castigos impuestos por él. Cuando la agraviada dio a conocer el hecho, la escuela le solicitó firmar una declaración jurada en la que se retractaba de la denuncia a cambio de dejarla continuar con sus estudios. Por miedo y por buscar seguir con la carrera que la apasionaba, aceptó el acuerdo; sin embargo, aun así no se graduó. El hecho solo quedó en investigación preliminar. Nunca hubo una sentencia.

Este es un caso de sextorsión y, también, un ejemplo de la insuficiencia del marco legal para proteger a la mujer en el Perú.

Sextorsión en Perú

Según Proética, en los últimos 12 meses, un 8% de peruanos indica haber sido víctima o conocer a alguien que haya sido víctima de sextorsión; es decir, haber recibido una propuesta de carácter sexual para resolver algún problema o trámite.

Los pedidos o sugerencias de algún tipo de favor sexual ocurrieron en la Policía, municipios, institutos o universidad, establecimientos de justicia, hospitales o establecimientos de salud y en colegios o UGEL.

En ese contexto, entre quienes declaran haber tenido la experiencia, solo 1 de cada 3 habría hecho una denuncia. Entre los que no lo hicieron, las principales razones fueron el temor a represalias y la creencia de que las autoridades no harán nada al respecto.

Marco legal insuficiente

Ese sentir colectivo responde a la realidad, pues la insuficiencia de marcos legales se ha considerado como uno de los mayores desafíos al perseguir la sextorsión.

Desde el 2000 este acto delictivo se procesaba bajo la figura del cohecho pasivo propio que, según indica el Código Penal, establece una pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor a 10 años.

Sin embargo, en el 2018, se introdujo el delito de chantaje sexual que tipifica “una conducta de requerimientos sexuales por parte del agente a su víctima, los que se realizan mediante la amenaza o la intimidación”. Aunque lo parezca, este decreto no resulta del todo beneficioso, pues tiene una pena inferior de 2 a 4 años.

Por otro lado, la abogada especialista en género Cynthia Silva especificó para La República que el chantaje sexual, también, se vale de las tecnologías de la comunicación. En dichos caso, la pena puede ser de 3 a 5 años, si la amenaza consiste en difundir imágenes o vídeos de contenido sexual.

Corrupción y género

La Asociación Internacional de Jueces de Mujeres abordó la visibilización de la sextorsión como una forma de corrupción en la cual el sexo, no el dinero, es la moneda del soborno.

Asimismo, presentó este delito como una forma de microcorrupción que, sin duda, tiene un marcado carácter de género porque son las mujeres y niñas las que resultan más afectadas, en especial, en los niveles más pobres.

“Esta forma de violencia basada en género está sustentada en estereotipos que aún persisten en la sociedad relacionados en que el cuerpo de las mujeres es un objeto de provecho sexual de las masculinidades. Esto se demuestra con las estadísticas de violencia sexual en el Perú, donde el 95% de las víctimas son mujeres”, manifestó la especialista.

Chantaje sexual y la comunicación digital

Respecto al chantaje sexual usando medios tecnológicos, Sharon Gorenstein, directora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), detalló que en el 50% de los casos el agresor es un conocido. “Esto evidentemente no supone que se de específicamente en el ámbito doméstico, sino que también incluye el área laboral y/ educativa”, precisó.

Asimismo, detalló que, de enero a septiembre del 2022, se han realizado 336 denuncias relacionadas a acoso virtual, de las cuales el 92% constituye mujeres. “Los rangos de edad con mayor perjuicio, son las mujeres entre 18 y 29 años, seguido del intervalos entre 30 y 41 años. En el caso de niñas, niños y adolescentes, tenemos 19 casos de entre 12 y 17 años”, refirió.

En ese contexto, indicó que la Ley N° 30096, que refiere a los delitos informáticos, otorga una pena de 4 a 8 años de cárcel contras las personas que realicen proposiciones con fines sexuales a niños, niñas y adolescentes.

“Dentro del capítulo 3, el artículo 5, se consigna este delito, sin embargo, no involucra a mayores de edad, lo cual representa un gran problema” manifestó.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).