Procuraduría ordenó pago de reparación civil a mujer trans víctima de violación y tortura por parte de policías

La Procuraduría General del Estado aprobó un acuerdo resolutivo en el que se establece qué instituciones del Perú deberán implementar las reparaciones civiles dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Azul Rojas, una mujer transgénero que en el 2008 fue torturada y violentada sexualmente por efectivos policiales del distrito Casa Grande, en La Libertad.

En el 2020, la CIDH emitió una sentencia unánime en el que encontró responsable al Estado peruano de la tortura, violencia sexual y discriminación que sufrió Azul Rojas. Es así que la Corte dispuso que el Perú ejecute reparaciones para ella y establezca medidas para evitar que se repita estos actos de violencia contra la comunidad LGTBIQ.

Como recordó la Defensoría del Pueblo, el plazo dispuesto por la CIDH para ejecutar estas reparaciones venció el último 12 de marzo. Sin embargo, hasta la fecha, el Estado solamente había publicado el fallo.

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Los hechos

Las denuncias e investigaciones contra los policías que torturaron y violaron a Azul Rojas iniciaron en el 2009, pero el caso fue archivado por la justicia peruana. Es así que este fue reabierto en el 2018 en la CIDH y el 12 de marzo del 2020, el organismo internacional concluyó que los abusos, agresiones y violación sexual por parte de los agentes de la Policía Nacional constituían un acto de tortura.

Por esa razón, el Estado peruano debía adoptar medidas para las reparaciones individuales como la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; la atención de la salud física y mental; y la indemnización compensatoria por el daño material e inmaterial sufrido por Azul Rojas.

Ninguna de estas medidas ha sido implementada hasta la fecha, a pesar del carácter de urgente que estableció la Corte IDH.

Medidas de no repetición

Por otro lado, la Corte también ordenó al Perú adoptar medidas para evitar y atender los actos de violencia contra la población LGTBIQ+, como crear protocolos de investigación y administración de justicia, diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra esta comunidad y la capacitación a miembros de la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y serenazgo sobre el respeto de la orientación sexual y expresiones de género.

Tras tres meses de cumplirse el plazo de ejecución, el Consejo Directivo de la Procuraduría emitió la Resolución n.º 01-2022-PGE/CD, en la que indicó cuáles son las entidades responsables para cumplir con las reparaciones y garantías de no repetición que exigió la CIDH.

Sin embargo, tal como lo indicó la Defensoría del Pueblo, aún está pendiente que estas instituciones inicien las acciones necesarias para dar cumplimiento a las reparaciones. “La correcta y oportuna implementación de estas acciones contribuirá a mejorar los mecanismos existentes para la protección de derechos de las personas LGBTI frente a situaciones de violencia y abuso”, aseguró la Defensoría a través de un comunicado.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).