Sociedad

Lambayeque: piden prisión preventiva de 15 meses por cohecho para general PNP y suboficial

Max Henry García Esquivel y Ray Rolf Velásquez Calsín podría ser condenados por cohecho en un centro penitenciario.

Investigado. El general PNP Max García Esquivel. Foto: La República
Investigado. El general PNP Max García Esquivel. Foto: La República

Este lunes 1 de agosto, el fiscal anticorrupción Julio Taboada Ramón solicitó ante el Poder Judicial prisión preventiva, por el plazo de 15 meses, contra el exjefe de la II Macro Región Policial Lambayeque, general PNP Max Henry García Esquivel, y el suboficial PNP Ray Rolf Velásquez Calsín.

Ambos efectivos son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. La sesión en la que se debatirá este requerimiento será dirigida por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque.

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Mediante un comunicado en su red social de Facebook, el Ministerio Público de Lambayeque informó que la investigación es dirigida por Taboada Ramón con la participación conjunta de la fiscal adjunta provincial Yacori Sarrín Chávarry.

Hechos

El último viernes 15 de julio, La República reportó que empresarios de discotecas denunciaban el cobro de cupos y señalaban al entorno del general PNP Max García Esquivel.

En el informe publicado por este medio, se difundió material audiovisual del momento en el que una de las víctimas abonaba una coima al suboficial PNP Ray Velásquez Calsín, brazo derecho del entonces jefe de la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque, general Max García.

De acuerdo con los testimonios de propietarios de discotecas, el general García intervino los negocios y dispuso el cierre de varios de ellos alegando supuestas vulneraciones a las normas. A estas denuncias se han sumada las revelaciones de dos testigos protegidos que han confirmado este presunto accionar delictivo.

Posteriormente, el suboficial Ray Velásquez les dijo que debían abonar un cupo semanal de S/ 1.000, S/ 2.000 y hasta S/ 3.000 si querían continuar sus actividades y no ser intervenidos por los operativos de la Policía Nacional del Perú.

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