OEFA no cobró multas por casi S/ 9 millones
Prescripción. La mayoría venció por falta de tramitación. Contraloría detectó hallazgos desde el 2016.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multa a las empresas que afectan el medio ambiente. Un informe de Contraloría General advierte que funcionarios y supervisores de esta institución omitieron estos cobros en el periodo 2016-2019. Por ello el Estado ha perdido casi nueve millones de soles.
Según Contraloría, el accionar de los involucrados ocasionó la prescripción de la exigibilidad de la multa. Hay presunta responsabilidad civil y/o administrativa de 11 personas, cinco siguen en OEFA.
Hallazgos
En 2016 se produjo la suspensión indebida de los procesos de ejecución coactiva iniciada a una compañía minera. Eso devino en su prescripción de cinco millones. La situación se originó por el accionar intencionado y voluntario del ejecutor y auxiliar coactivo de suspender el referido proceso y por la falta de supervisión de la jefa de la Oficina de Administración.
En 2018 también debieron efectuar otro cobro coactivo a una empresa, sin embargo no localizaron los bienes muebles e inmuebles de la mencionada empresa para disponer el embargo. No cobraron S/ 849 900.59. Otros funcionarios no tramitaron oportunamente 9 resoluciones directorales emitidas en 2013 y 2014 sobre imposición de multas para su cobranza coactiva.
Lo hicieron en el 2017 cuando habían transcurrido entre 3 y 4 años de haber quedado firme las resoluciones, ocasionando que transcurra el plazo de prescripción y, con ello, la imposibilidad del cobro, causando un perjuicio económico por S/ 228 867.53
También hubo inacción prolongada por más de 2 años de funcionarios para el inicio y continuación del procedimiento de ejecución coactiva iniciado a diversos obligados, ocasionó la prescripción de la exigibilidad de la multa (en 2019, 2020 y 2021) y, en consecuencia, la imposibilidad del cobro por S/ 3 869 602.30 Es así que el titular de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos demoró injustificadamente en remitir las resoluciones directorales que imponen las multas, además, el proceso de ejecución coactiva se paralizó por más de 25 días hábiles sin justificación y se advirtió inacción prolongada en la actuación del ejecutor y auxiliar coactivo.
Durante el proceso de ejecución coactiva seguido a una empresa de transportes y multiservicios, el interventor recaudador no prosiguió con las diligencias de embargo (de diciembre 2018 a agosto 2019) para el cobro de la deuda por S/ 284 200, aduciendo falta de movilidad para efectuar las diligencias en las fechas programadas. Sin embargo, de la revisión de información remitida por la Oficina de Administración se advierte que el interventor no habría solicitado movilidad. La situación descrita se originó por la inacción del interventor y la falta de supervisión del ejecutor y auxiliar coactivo. En este caso se identificó únicamente responsabilidad administrativa.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024