Bañistas denuncian que clubes privados impiden acceso a playas públicas
Pese a que la ley declara que las playas son bienes de uso y dominio público, clubes privados no respetan dar libre acceso para que los ciudadanos puedan disfrutar del mar con libertad.
- Gobierno afirma que solo queda GNV para 6.000 buses de transporte público: no se considera a taxis ni combis
- Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo
En el verano, las personas acuden masivamente a las playas para divertirse. Usualmente, quienes viven en Lima, van al sur. Sin embargo, ha pasado que cuando han querido buscar un lugar donde pasar el rato, simplemente no lo han encontrado debido a que muchos clubes han cerrado el pase al mar.
La excongresista Marisa Glave ya había denunciado esta situación en Asia en 2019. “Estamos en playa Mar Azul. Según la ley, el acceso tendría que estar a 50 metros al borde del mar, está a 250 m y finalmente se puede ingresar”, señala.
TE RECOMENDAMOS
CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
Asimismo, los clubes Caima, Las Palmas, Cocos, Sol y Mar, Playa Bonita, entre otros, “deberían tener un acceso libre a cada lado para que la gente pueda entrar a la playa, porque la playa no es privada, la playa es pública”, añade. Sin embargo, el siguiente acceso se da a 3,5 kilómetros.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
De acuerdo a la Ley n.° 26856, “en todos los balnearios y urbanizaciones colindantes a la playa, terrenos ribereños y similares bajo propiedad pública o privada debe existir por lo menos cada 1.000 metros una vía de acceso que permita el libre ingreso a las playas”. Por ende, se estaría incurriendo en una falta a la ley.
En los comentarios al video que se hizo viral, internautas también compartieron sus casos en las diferentes playas, por lo que no se trataría de un caso aislado. Incluso, uno manifestó que acudió recientemente a la playa de Santa María del Mar, pero no se le permitía el acceso a los no residentes, en un caso de discriminación reafirmado por otra usuaria.
