Desde 1997 se han producido más de 1.000 derrames

De acuerdo al informe La sombra de los hidrocarburos en el Perú, próximo a publicarse, aproximadamente 87.370.82 barriles de productos asociados a la extracción de hidrocarburos han contaminado el medio ambiente.

Amazonía. Daños que no tienen cuándo remediarse. Foto: difusión
Amazonía. Daños que no tienen cuándo remediarse. Foto: difusión

De acuerdo al informe La sombra de los hidrocarburos en el Perú, próximo a publicarse, desde 1997 hasta el primer trimestre del año 2021 se han producido 1.002 derrames, lo cual significa aproximadamente 87.370.82 barriles de productos asociados a la extracción de hidrocarburos, a los que se les suma una cantidad considerable de gas vertido.

El documento elaborado por Aymara León y Mario Zúñiga, a solicitud de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam, refiere que de esta cantidad de sucesos, 566 ocurrieron en la selva, 404 en la costa marítima y 5 en la zona andina. Agregan otros 27 sucesos en Piura, Lambayeque y Cajamarca.

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Causa y responsabilidad

Respecto a las causas de los derrames, el estudio indica que predominan fallas operativas y corrosión. En cuanto a responsabilidades, anota que son atribuibles a las empresas operadoras, privadas y públicas, tanto de transporte como de exploración y explotación. Inclusive se menciona que los derrames por corrosión y fallas operativas suman más del 70% del total de barriles derramados.

Sobre el Oleoducto Norperuano (ONP) refiere que registra casi 36.000 barriles (35.818) desde 1997. Y de Transportadora de Gas del Perú (TGP) menciona 24.678.44 barriles vertidos.

“Estos datos provienen de OEFA y Osinergmin, la cantidad podría ser mucho mayor si existiera data complementaria de la población, de monitores ambientales, como los monitores ambientales independientes que hay en el Lote 192 y en el Lote 8, quienes recogen información muy aparte de las empresas operadoras de estos lotes”, señala Mario Zúñiga.

Y anota que el país cuenta con institucionalidad ambiental y normas legales para enfrentar estos hechos, pero los procesos son demasiado lentos y funcionales a las empresas, que suelen judicializar a las fiscalizadoras para evadir su responsabilidad.

“Por norma, la empresa tiene 3 meses para limpiar el lugar, y si lo hacen mal, OEFA le sigue un procedimiento para que realice un plan de rehabilitación. La empresa podría demorarse 18 meses para hacerlo. De ahí, el Estado tiene 70 días para evaluar ese plan. Luego, la empresa dispone de 18 meses para remediar. En la selva hay más de 2.000 sitios impactados y se han aprobado 12 planes de rehabilitación después de más de dos años, y no se inicia el proceso de remediación”, cuestiona Zúñiga.

Datos

Frecuencia. Mayores derrames se dieron en los lotes 192 (antes 1AB), 8, X, Z-2B y en el ONP. El Estado ha reconocido 3.231 pasivos ambientales (dejados por empresas que ya no operan), más de 2000 sitios impactados (daño ambiental no reparado por empresas que operan) y 1.002 emergencias ambientales (derrames).

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